El opositor Partido Liberación Nacional (PLN) de Costa Rica acusa al oficialismo de pretender “capturar” el Poder Judicial, tomando en cuenta que el expresidente y ahora ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves ya lo había “anunciado” al promover un cambio profundo. Las tensiones reavivaron luego que la Asamblea Legislativa no lograra acuerdos para nombrar magistrados suplentes.
Ayer la fracción oficialista de Pueblo Soberano devolvió a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidatos a magistrados de la Sala Constitucional. El jefe de fracción de Frente Amplio, José María Villalta dijo que la decisión responde a incluir personas afines al oficialismo.
Pese a las dudas de la oposición sobre la forma de votación para devolver la nómina, cuando no era el procedimiento recomendado, los diputados señalaron a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez de no conceder la palabra para aclarar las dudas.
En ese contexto, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, aseveró que el actuar del oficialismo “fue un paso más en una estrategia de captura del Poder Judicial”, tomando en cuenta que el expresidente y ahora ministro, Rodrigo Chaves dijo que pretendía “recuperar el Poder Judicial” y cambiar personas en funciones.
“Ese es el objetivo que el oficialismo tiene: la captura del Poder Judicial. Esta no es una lucha por una justicia independiente, es por una justicia obediente y eso es inaceptable en una democracia y nosotros vamos a luchar desde todas las trincheras posibles contra ese intento de capturar el Poder judicial de Costa Rica” afirmó Ramírez.
Ramírez aseguró que el argumento oficialista ante la lista de “no conozco, no me convence” no es creíble y añadió que “lo que pasó ayer es una cosa vergonzosa” e intuye que es por orden de Chaves, tomando en cuenta que al inicio de la legislatura había mayor apertura, pero ahora “ha habido un cambio en la actitud”.
¿En qué afecta la falta de magistrados?
La fracción opositora también dijo que el oficialismo es responsable de lleva a la Sala Constitucional “a un cierre técnico” que impediría que se puedan emitir resoluciones sobre reclamos de ciudadanos costarricenses sobre sus derechos constitucionales como la salud, educación, etc.
Asimismo, el PLN aseguró que la falta de elección de magistrados también le beneficiaría al ministro Chaves, quien mantiene investigaciones en su contra por supuestas irregularidades en el financiamiento que obtuvo para la campaña presidencial de 2022.
Esto tomando en cuenta que al ser un funcionario, Chaves tendría que ser juzgado por el Tribunal Penal de la Corte, cuyo magistrado Paul Rueda se inhibió del caso por ataques de Chaves en su contra y al no haber magistrado que lo supla, entonces el proceso se mantiene en pausa.
