La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este miércoles un acuerdo con la empresa minera estadounidense BHMB Mining Nicaragua S.A. y el inversionista Baruch Rapoport, en un aparente retroceso tras la controversia generada por la confiscación de la planta y su traspaso a empresarios chinos.
La Procuraduría General de Justicia, el ente confiscador de la dictadura, informó mediante un comunicado oficial que el régimen dinástico y la compañía alcanzaron “un entendimiento, orientado a la normalización y reactivación operativa de la Planta BHMB Palacagüina; de manera ordenada y segura”.
Según la institución sancionada, el acuerdo resultó de “un proceso de diálogo y coordinación” realizado “en un ambiente de cooperación y respeto mutuo”.
Cinismo institucional
La Procuraduría sostuvo además que Nicaragua cuenta con “un sólido marco regulatorio en materia de minería” que garantiza “la seguridad jurídica de todo inversionista nacional o extranjero”.
El comunicado ocurre tras meses de denuncias sobre la situación de BHMB Mining, una inversión estadounidense-canadiense valorada en unos 80 millones de dólares y ubicada en Palacagüina, en el norteño departamento de Madriz.
La polémica surgió después de que la empresa denunciara la confiscación de sus operaciones y el supuesto traspaso de la planta a un empresario chino, en medio del fortalecimiento de las relaciones entre Managua y Pekín.
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Un caso que coincidió con nuevas sanciones de Washington
El anuncio también se produce pocos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a cinco altos funcionarios del régimen Ortega-Murillo, acusados de participar en estructuras de represión, control financiero y censura estatal.
Entre los sancionados figuran Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Aldo Sáenz Ulloa, subdirector de esa entidad; Johana Flores Jiménez, ministra del Trabajo; y funcionarios vinculados al aparato militar y de telecomunicaciones del Estado.
Según analistas, las sanciones fueron una señal de mayor presión de Washington sobre Managua, especialmente por temas de corrupción, confiscaciones y debilitamiento de la seguridad jurídica.
El comunicado oficial no explicó bajo qué condiciones se alcanzó el nuevo acuerdo con BHMB Mining ni aclaró si el supuesto traspaso previo a intereses chinos fue revertido.
