El Ministerio de Seguridad de Panamá destruyó más de 600 armas de fuego este sábado. Las autoridades retiraron estas armas de circulación tras operativos policiales en distintas zonas del país.
El proceso incluyó el corte físico de las armas con herramientas industriales.
Las autoridades dijeron que con esto evitaron que se reutilicen en delitos que afectan a las comunidades.
Plan Firmeza impulsa decomiso y eliminación de armas
La destrucción de armas forma parte del Plan Firmeza, estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de José Raúl Mulino.
Este plan también cuenta con la coordinación del ministro de Seguridad, Frank Ábrego.
Asimismo, la estrategia prioriza el decomiso de armas ilegales, el control territorial y su eliminación pública.
Las autoridades buscan reducir el acceso a armamento en las calles.
MINSEG destruyó más de 600 armas y evitó que se usaran en delitos que enlutan a nuestras comunidades.#ConPasoFirme #PlanFirmeza pic.twitter.com/OnDwHDYKxN
— Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) May 2, 2026
Incautaciones de armas durante 2026
Hasta finales de abril de 2026, la Policía Nacional reportó la incautación de 652 armas de fuego.
Entre ellas se incluyen 390 pistolas, 116 revólveres y 39 rifles.
También se decomisaron 60 escopetas, 30 fusiles, una mini Uzi y una subametralladora.
Por otro lado, las autoridades incautaron 179 armas adicionales, como réplicas y dispositivos de pellet.
Destrucción periódica de armas decomisadas
La Dirección de Investigación de Armas, Sustancias y Explosivos lidera estas jornadas junto a la Policía Nacional.
Estas ceremonias se realizan de forma periódica para eliminar lotes de armas incautadas.
Por ejemplo, en una jornada reciente las autoridades destruyeron 1.923 armas y miles de municiones.
Desde julio de 2024, el país acumula la eliminación de miles de armas ilegales.
Objetivo: reducir delitos y violencia armada
Las autoridades vinculan cada arma ilegal con delitos violentos, incluidos homicidios.
Por ello, la destrucción de armas busca disminuir la violencia y mejorar la seguridad ciudadana.
En consecuencia, el gobierno mantiene estas acciones como parte de su política de prevención del delito.
