Guatemala enfrenta un nuevo caso que pone bajo la lupa la seguridad de su sistema de identificación, tras la captura de dos empleados del Registro Nacional de las Personas (RENAP) vinculados a la emisión de un Documento Personal de Identificación (DPI) falso que habría sido utilizado por un presunto delincuente internacional.
La investigación se activó luego de que las autoridades detectaran que el mexicano Fernando Farías Laguna, buscado por delitos relacionados con tráfico ilegal de combustibles, fue detenido en Argentina portando un Documento Personal de Identificación (DPI) guatemalteco con identidad falsa, lo que encendió alertas sobre posibles fallas o complicidades dentro del sistema registral.
El RENAP informó que el 24 de abril identificó irregularidades en la emisión del documento y presentó una denuncia ante el Ministerio Público, lo que permitió iniciar las diligencias que derivaron en las capturas realizadas el 30 de abril.
Los detenidos fueron identificados como Yesenia Alejandra Mayén Ruano y Luis Rolando López Velásquez, trabajadores de la oficina 213 del RENAP en San José del Golfo. A ella se le atribuyen delitos relacionados con la alteración del estado civil, mientras que él enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y participación en la manipulación de registros.
Según las autoridades, ambos habrían actuado de forma dolosa, alterando datos oficiales para facilitar la emisión del documento falso. El RENAP aseguró que se trata de conductas individuales y no de un patrón institucional, aunque el caso expone vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por redes criminales.
Como medida inmediata, la institución procedió al despido de los implicados y no descarta nuevas acciones administrativas o penales conforme avance la investigación. Además, reiteró que mantiene controles estrictos para garantizar la seguridad del sistema de identificación.
El caso también refleja una dimensión internacional, ya que la captura de Farías Laguna en Argentina, utilizando documentación adulterada de Guatemala, requirió cooperación entre ambos países, evidenciando cómo estructuras ilícitas pueden operar a nivel transnacional.
Las autoridades guatemaltecas subrayan que la respuesta institucional se ejecutó en menos de una semana desde la detección del caso, en un intento por contener el impacto y preservar la confianza en el sistema registral del país.
