Un tribunal salvadoreño dictó sentencia condenatoria este miércoles contra Cristian Herson Flores Sandoval, quien fungió como comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos del gobierno de Nayib Bukele, por el delito de cohecho impropio (sobornos). Junto a él, también fue hallado culpable su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales.
Según la sentencia, las investigaciones confirmaron que ambos utilizaron sus cargos para extraer fuertes sumas de dinero a empresarios locales bajo promesas falsas.
De acuerdo con el fallo emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, los imputados solicitaron montos que superan los $200,000. Los jueces determinaron que estos fondos no fueron aportes voluntarios, sino el resultado directo de un esquema de presiones, engaños y un evidente abuso de poder. El tribunal valoró que las víctimas entregaron el capital creyendo que asegurarían su participación en proyectos de infraestructura clave para el país.
Como resultado del proceso judicial, Flores Sandoval recibió una condena de cuatro años de prisión. Además de la privación de libertad, el tribunal impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, cerrando así su ciclo en la administración estatal. Por su parte, Quintanilla Rosales fue condenado a dos años de cárcel; sin embargo, esta pena fue sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública conforme a los beneficios establecidos en la ley penal.
A pesar de la declaratoria de culpabilidad penal, ambos procesados fueron absueltos de la responsabilidad civil. Esta decisión se tomó luego de que la defensa comprobara que los ahora condenados repararon económicamente a las víctimas antes de la conclusión del juicio. No obstante, el resarcimiento económico no eliminó la responsabilidad penal derivada de la solicitud ilícita de dádivas mientras ejercían funciones gubernamentales.
Uno de los testimonios clave que sustentó la acusación fiscal data de diciembre de 2021. Una víctima bajo régimen de protección relató cómo entregó $50,000 en efectivo directamente a Quintanilla Rosales. Según el expediente, este pago fue exigido por el excomisionado presidencial con la promesa de garantizar contratos en centros escolares y megaproyectos como el aeropuerto de La Unión y la modernización del puerto de Acajutla.
La red de corrupción operaba bajo la apariencia de legitimidad. Un segundo testigo detalló durante la vista pública entregas escalonadas que sumaron más de $177,000 entre agosto y noviembre de 2021. En sus declaraciones, el empresario afectado explicó que los imputados ofrecían “influencias políticas” y acceso directo a esferas de decisión a cambio de estos desembolsos, los cuales intentaban disfrazar bajo el concepto de pagos por consultorías inexistentes.
Cristian Flores Sandoval había sido capturado por las autoridades el 25 de abril de 2024, tras una serie de investigaciones que pusieron al descubierto las irregularidades en su gestión de proyectos estratégicos. El presidente Nayib Bukele dijo entonces que el caso era ejemplarizante y no sería el único funcionario que enfrentaría la justicia si incurría en actos de corrupción.
“No es el primero, y tampoco será el último. Sí Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas”, dijo entonces Bukele sobre el excomisionado.
