La familia del exbeisbolista de los Yankees, Brett Gardner, presentó una demanda federal contra un hotel en Costa Rica por la muerte de su hijo de 14 años, Miller Gardner, ocurrida durante unas vacaciones.
El adolescente falleció el 21 de marzo de 2025 mientras se hospedaban en un resort ubicado en Manuel Antonio, en Quepos, provincia de Puntarenas.
La demanda, interpuesta en Pensilvania, señala al hotel como responsable por presunta negligencia grave y muerte injusta, además de otros cargos relacionados con daños emocionales.
Según la familia, la tragedia pudo evitarse y responsabilizan al establecimiento por no garantizar condiciones seguras dentro de las instalaciones.
“Este ha sido el año más insoportable para nuestra familia”, dijo Brett Gardner en un comunicado emitido por sus abogados de la firma Motley Rice.
“Siempre sentimos que esta tragedia se podría haber evitado, y los informes de la investigación preliminar confirmaron nuestras creencias. Estamos comprometidos a crear conciencia y buscar cambios significativos. Nuestra esperanza y oración es que, al asumir esta postura de responsabilidad, podamos ayudar a evitar que otra familia sufra una tragedia así”, agregó el expelotero.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la causa de la muerte fue una intoxicación por monóxido de carbono, tras detectarse una alta concentración de este gas en la habitación del menor.
Las autoridades indicaron que los cuatro miembros de la familia presentaron síntomas de intoxicación la noche previa al fallecimiento.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica ha confirmado que esta es la principal hipótesis del caso, mientras continúan las indagaciones.
Tras el hecho, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos sobre los riesgos del monóxido de carbono durante sus viajes en América Latina. La advertencia subraya que en países como Costa Rica no existen regulaciones generalizadas que obliguen a instalar detectores de este gas en alojamientos y viviendas.
La demanda también incluye a los propietarios y operadores del hotel, así como a una firma de inversión con sede en Pensilvania vinculada al establecimiento. Hasta el momento, los implicados no han emitido una respuesta pública sobre el proceso judicial.
