La plataforma Defensores de Honduras por la Democracia inició un proceso de recolección de firmas ciudadanas para promover un juicio político contra al menos cuatro altos funcionarios del Estado, en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional y el sistema electoral.
La iniciativa fue presentada en los bajos del Congreso Nacional, donde representantes de la plataforma entregaron una denuncia formal a diputados, solicitando activar el mecanismo legal contemplado en el decreto 51-2013 para destituir a servidores públicos.
El proceso incluye una adhesión abierta a la ciudadanía, en la que los participantes pueden registrar su nombre completo, número de Documento Nacional de Identificación (DNI), firma y huella, como respaldo a la solicitud de juicio político.
Entre los funcionarios señalados figuran el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; el fiscal general, Johel Zelaya; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.
El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, recibió la denuncia y expresó su respaldo a la iniciativa, afirmando que el juicio político responde a un “clamor popular” y que el Congreso debe actuar conforme a su mandato constitucional.
Por su parte, la plataforma cuestionó que el Congreso Nacional haya sesionado durante más de seis semanas sin resolver procesos de juicio político, señalando que algunos funcionarios habrían vulnerado el orden jurídico y afectado procesos electorales recientes.
La recolección de firmas continuará en los próximos días como parte de la estrategia para presionar al Legislativo a avanzar con el procedimiento, en un contexto de creciente tensión política e institucional en Honduras.
