El Gobierno hondureño habría conocido sobre los planes para asesinar a la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres al menos dos meses antes de que el crimen ocurriera, según un testimonio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 aunque el Gobierno habría detectado conversaciones para matarla desde enero de ese año, según el grupo de investigadores. El Gobierno habría estado controlando a algunos de los participantes en el asesinato por acusaciones de otros delitos, sin embargo, los investigadores señalan que “no se adoptó ninguna medida para impedir o desarticular la operación que terminó con el asesinato de Berta”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que han documentado conversaciones entre Henry Hernández, Mariano Diaz y Douglas Bustillo, en las que hablaban sobre el crimen, mismas conversaciones a las que el Gobierno habría tenido acceso cuando Berta aún estaba con vida.
“El asesinato de Berta era previsible y prevenible. El estado tenía conocimiento del crimen al menos dos meses antes. El GIEI identificó conversaciones entre los ejecutores Henry Hernández, Mariano Diaz y Douglas Bustillo en las que hablaban del tema… no se adoptó ninguna medida para impedir o desarticular la operación que terminó con el asesinato de Berta” señalaron los expertos.
Cáceres fue asesinada en su casa ubicada en La Esperanza, luego de una intensa lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Por este crimen, varios sicarios y empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
En ese sentido, los expertos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que también hicieron análisis de trazabilidad financiera en las cuentas de banco de la empresa, donde encontraron transferencias de al menos $2.6 millones provenientes de bancos de desarrollo internacional hacia las cuentas de los principales accionistas del proyecto.
Luego, de esas cuentas se detectaron transferencias a otras cuentas del grupo empresarial, de donde presuntamente se habrían emitido cheques a empleados menores, en los que no coincidían los montos con los salarios que devengaban en la empresa.
Uno de esos empleados falleció al poco tiempo y otro declaró haberlo entregado al presidente de la empresa. Según los investigadores, todas estas transferencias y movimientos bancarios no fueron investigados como irregulares.
Presiones sobre fiscales y policías
El informe de los expertos señala que también se registraron durante el proceso presiones a los fiscales y a policías encargados de las investigaciones del caso “reflejando el nivel de filtración que los intereses empresariales alcanzaron dentro de las estructuras del Estado”.
Además, concluyen que el caso de Berta no es un caso aislado sino que es un resultado de una estructura económica y de protección. Por lo que, piden que se garantice que el órgano Judicial sea realmente independiente.
Asimismo, piden investigar las acciones que se debieron tomar y cómo se aplicaron las medidas de protección otorgadas a Berta. Piden extraditar a Gabriela Pala por su involucramiento en el caso y que se investigue por el uso de fondos a los directivos de la empresa DESA.
