Los hijos del excomandante sandinista Bayardo Arce Castaño solicitaron una prueba pública de vida y denunciaron que desconocen el paradero y estado de salud de su padre, condenado por la justicia de Nicaragua controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 27 de enero de 2026.
“Desde hace 7 meses, nuestro padre permanece detenido arbitrariamente en condiciones que carecen de toda garantía procesal y judicial, sin acceso a defensa ni a un debido proceso”, señalaron en una carta abierta dirigida a ambos gobernantes y al pueblo de Nicaragua.
A Arce, de 76 años, la policía Nacional lo detuvo la noche del 30 de julio de 2025 tras un allanamiento de la Dirección de Operaciones Especiales en su residencia en Managua.
Durante meses permaneció retenido sin estatus legal claro, mientras familiares en el exilio denunciaron su desaparición forzada.
El régimen anunció su condena el 27 de enero de 2026 y lo acusó de fraude y lavado de dinero por más de cinco mil millones de dólares, en un proceso marcado por la opacidad.
La dictadua no realizó un juicio público ni informaron oficialmente la pena de prisión impuesta.
Temor de muerte no es infundado
La familia afirma que la última visita ocurrió el 7 de diciembre de 2025 y desde entonces no han recibido información oficial sobre su estado de salud. Según indicaron, presentaba grave deterioro físico y anímico.
Los familiares advierten que su temor “no es infundado”, al recordar que otros detenidos bajo custodia del régimen han muerto en prisión o tras graves condiciones de encarcelamiento.
Entre los casos citan al histórico comandante guerrillero Hugo Torres, fallecido en febrero de 2022 mientras permanecía encarcelado tras la ola represiva de 2021, y al general en retiro Humberto Ortega, quien murió en 2024 después de permanecer bajo arresto domiciliario y aislamiento político.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluyó recientemente a Arce en su lista, que registra al menos 46 detenidos por motivos políticos, 15 de ellos adultos mayores. La familia exige información oficial y acceso inmediato a visitas.
