El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso este jueves sanciones contra cinco funcionarios de la dictadura de Nicaragua vinculados a las principales estructuras financieras, de comunicaciones y de inteligencia militar que sostienen al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre los sancionados figuran el director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Denis Membreño Rivas y Aldo Martín Sáenz Ulloa; la ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez; la subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) Celia Margarita Reyes Ochoa y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército, Leonel José Gutiérrez López.
Según el Tesoro, estas entidades han sido utilizadas para intimidar, silenciar y perseguir a opositores políticos, periodistas y organizaciones civiles.
“La dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, reprimir y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Seguiremos exigiendo cuentas a la dictadura y amplificando las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo nicaragüense”, agregó el funcionario.
Desde 2018, el Gobierno nicaragüense ha sido señalado por reprimir protestas, encarcelar opositores, forzar el exilio de periodistas y consolidar su control sobre las instituciones del Estado. En enero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que elevó a Rosario Murillo de vicepresidenta a copresidenta y subordinó los poderes del Estado al Ejecutivo, eliminando en la práctica la separación de poderes y reforzando el control sobre medios de comunicación y fuerzas parapoliciales.
Uso de la unidad financiera para perseguir opositores
El Tesoro sostiene que la Unidad de Análisis Financiero fue instrumentalizada mediante leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo para perseguir adversarios políticos. La entidad monitoreaba transferencias internacionales con el objetivo de bloquear financiamiento a organizaciones opositoras y confiscar bienes sin base legal.
OFAC designó al mayor general retirado Denis Membreño Rivas y al excomisionado Aldo Martín Sáenz Ulloa, director y subdirector de la UAF desde 2012, bajo la Orden Ejecutiva 13851, modificada por la 14088, por su rol como funcionarios del Gobierno de Nicaragua.
Abusos laborales y vigilancia estatal
También fue sancionada Johana Vanessa Flores Jiménez, ministra del Trabajo desde agosto de 2025. Un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, fechado el 25 de octubre de 2025, concluyó que Nicaragua incurrió en prácticas que vulneran derechos laborales y generan condiciones de competencia desleal, además de afectar intereses de empresas y ciudadanos estadounidenses.
En el ámbito de telecomunicaciones, OFAC incluyó a Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora de TELCOR desde 2023. El organismo regulador es señalado como pieza clave en el aparato de vigilancia estatal, con facultades ampliadas en 2024 para interceptar comunicaciones y recopilar datos privados. Su directora general, Nahima Janett Díaz Flores, hija del director de la Policía sandinista, Francisco Díaz, ya había sido sancionada en 2022.
Asimismo, fue designado el mayor general Leonel José Gutiérrez López, quien encabezó durante más de una década la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM), considerada una de las estructuras más poderosas y opacas del Ejército nicaragüense, encargada de la vigilancia interna y externa y de coordinar acciones con fuerzas policiales.
Con estas medidas, todos los bienes e intereses de los funcionarios designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. También se congelan activos de entidades donde los sancionados posean 50 % o más de participación, directa o indirectamente.
Las regulaciones de OFAC prohíben transacciones de ciudadanos estadounidenses que involucren bienes o servicios vinculados a los sancionados, salvo autorización expresa. Las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales y multas superiores a $1,000,000 en casos que resulten en acciones de cumplimiento exitosas, según los lineamientos de aplicación de sanciones económicas.
Además, instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan transacciones significativas en nombre de los funcionarios designados, incluyendo restricciones para mantener cuentas corresponsales en Estados Unidos.
Con esta acción, Washington refuerza su presión sobre Managua y advierte que continuará utilizando herramientas financieras para responsabilizar a funcionarios vinculados con violaciones a derechos humanos y debilitamiento del Estado de derecho.
