Las autoridades judiciales de Honduras han embargado la cuenta bancaria de la alcaldía de El Corpus, en el sureño departamento de Choluteca debido a una demanda laboral colectiva de extrabajadores que supera los $2 millones en prestaciones económicas supuestamente pendientes.
Los extrabajadores iniciaron el proceso judicial en el que demandan prestaciones económicas, indemnizaciones laborales por despidos, salarios atrasados y una indemnización por daños y perjuicios por incumplimientos laborales.
Las demandas laborales suman 63,178,454.59 lempiras ($2 millones), que según la alcaldesa Katherine Guillén, terminaría afectando a proyectos educativos, de inversiones para apoyo de adultos mayores.
“Los derechos laborales se pagan y se respetan, todo trabajador tiene derecho a recibir lo que le corresponde… Es una carga imposible de asumir, significa menos obras, ayuda social y oportunidades para la gente” indicó la alcaldesa.
Guillén sostiene que ha identificado “irregularidades graves” en el proceso judicial porque se ha sumado a personas que supuestamente no han laborado para la comuna, además de “cálculos financieros irreales”.
Según la jefa edilicia, las prestaciones económicas demandadas se originaron en administraciones municipales anteriores aunque reconoció que los empleados tienen derecho a recibir lo justo. Añadió que los abogados municipales han pedido la nulidad del proceso para revisar los pormenores.
Además, Guillén dijo que previo a su toma de posesión identificaron despidos masivos y acuerdos conciliatorios con montos millonarios aunque dice que carece de los documentos correspondientes porque “no hubo una transición ordenada”.
De perder el proceso judicial por las demandas laborales, Guillén advirtió que el embargo “equivaldría a alrededor de tres años sin recibir transferencias”.
