La ruta CA-2 Occidente, que conecta Escuintla con Tecún Umán, la ciudad fronteriza con México en el departamento guatemalteco de San Marcos, fue evaluada con la metodología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP). El estudio analizó cerca de 200 kilómetros y concluyó que solo el 30% del tramo alcanza el estándar mínimo internacional de seguridad vial, mientras el 70% restante presenta niveles de riesgo alto o muy alto.
Este corredor es clave para el comercio regional y el transporte de carga hacia México y el norte de Centroamérica. Alrededor de 450 mil personas viven o transitan por la zona. Especialistas advirtieron que las actuales condiciones no solo afectan la movilidad, sino también la seguridad y la calidad de vida de quienes dependen diariamente de esta vía.
La evaluación determinó que los usuarios más vulnerables son motociclistas, ciclistas y peatones. Apenas el 15% del tramo alcanza un nivel aceptable de seguridad para motociclistas, pese a que este medio representa entre el 20% y el 40% del tránsito. En el caso de peatones y ciclistas, la mayoría de los segmentos fue calificada con una estrella, el nivel más bajo de seguridad.
Vulnerabilidad en Guatemala
Datos citados por la Organización Mundial de la Salud indican que en Guatemala mueren más de 2 mil personas al año por siniestros viales, con una tasa cercana a 12 fallecidos por cada 100 mil habitantes. Además, se estima que más de 100 mil personas resultan lesionadas anualmente en hechos de tránsito.
El estudio identificó factores críticos como calzadas sin separación física, curvas cerradas, límites de velocidad elevados, paradas informales de transporte público y ausencia de infraestructura peatonal. En algunos puntos específicos, como el kilómetro 79.2, se detectaron niveles de riesgo extremo, asociados a salidas de la vía y choques frontales.
Según las proyecciones, si no se realizan intervenciones, en los próximos 20 años podrían registrarse más de 25 mil muertes y lesiones graves en este corredor.
En cambio, un plan de inversión estimado en 1,300 millones de quetzales (casi 170 millones de dólares), con ampliación de calzada, barreras de seguridad y mejoras en señalización, permitiría reducir las víctimas hasta en un 80% y evitar miles de tragedias en una de las rutas más transitadas y peligrosas de Guatemala.
