El El Salvador Country Focus Report, publicado en noviembre de 2025 por el programa EU SEE de la Unión Europea, señala que la libertad de expresión y de prensa se encuentra gravemente debilitada tras casi tres años de régimen de excepción.
El documento elaborado por el Sistema de la Unión Europea (UE) para un Entorno Propicio para la Sociedad Civil (SEE UE) es un consorcio de organizaciones internacionales de la sociedad civil y miembros de la red en 86 países. Según su informe sobre El Salvador, periodistas, abogados, activistas y defensores de derechos humanos enfrentan detenciones, intimidaciones y vigilancia, lo que ha generado un clima de autocensura y temor a represalias por expresar opiniones críticas.
Casos emblemáticos, como el arresto de la abogada y activista Ruth López, son citados como ejemplo de una tendencia a criminalizar a quienes denuncian abusos estatales. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia en 2025.
El informe también destaca que varios periodistas y defensores de derechos humanos han optado por el exilio, ante la falta de garantías judiciales y la persecución derivada de su trabajo informativo.
En paralelo, el acceso a la información pública se ha vuelto cada vez más limitado. Aunque existe una ley que garantiza este derecho, su aplicación es irregular y, en muchos casos, las autoridades clasifican la información como reservada o inexistente.
Según datos incluidos en el informe, menos del 30 % de las solicitudes de información pública realizadas desde 2019 fueron respondidas de forma satisfactoria, lo que refleja una cultura de opacidad institucional.
En 2023, El Salvador fue expulsado de la Alianza para el Gobierno Abierto, tras incumplir los estándares mínimos de transparencia, participación y rendición de cuentas exigidos por el organismo internacional.
El documento advierte además sobre el cierre de los espacios de participación ciudadana, ya que reformas legales y constitucionales fueron aprobadas sin consulta pública ni debate, reduciendo la incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones.
El entorno digital también presenta riesgos crecientes. Reformas legales permiten la vigilancia de comunicaciones sin orden judicial y habilitan operaciones de espionaje digital contra ciudadanos, periodistas y organizaciones.
El informe concluye que la combinación entre censura indirecta, opacidad estatal y vigilancia digital está reduciendo de forma drástica el espacio cívico en línea, generando un precedente preocupante para la libertad de expresión y la democracia en Centroamérica.
