Un grupo de 252 hombres venezolanos, que fueron deportados desde Estados Unidos y recluidos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador a inicios de 2025, exigió el viernes en Caracas justicia tras un fallo de una corte federal en Washington que ordena garantizarles el derecho al debido proceso.
Durante una rueda de prensa en Caracas, los exdetenidos —repatriados a Venezuela en julio tras un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro— pidieron que se cumpla la decisión judicial que establece que deben recibir audiencias legales o ser devueltos a Estados Unidos para impugnar su expulsión.
“La sentencia ordena que se nos brinde la oportunidad de una audiencia justa conforme a la ley estadounidense”, declaró Ysqueibel Peñaloza, vocero del grupo, quien hizo un llamado a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador para acatar plenamente el fallo. “Exigimos que se creen las condiciones que nos permitan participar en dicha audiencia”, añadió.
La resolución del juez James Boasberg establece que la administración Trump debe presentar en un plazo de dos semanas un plan para permitir el regreso de los venezolanos, quienes fueron deportados en marzo bajo la Alien Enemy Act de 1798, una ley poco utilizada que autoriza la expulsión de personas consideradas “enemigos extranjeros” en tiempos de guerra.
Las autoridades estadounidenses argumentaron que los migrantes eran supuestos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, aunque abogados y familiares han rechazado dichas acusaciones, denunciando que muchos detenidos fueron llevados a El Salvador sin conocimiento previo ni audiencias judiciales.
Organizaciones de derechos humanos han condenado el procedimiento por violar garantías fundamentales, y los exdetenidos aseguran haber sido víctimas de tortura física y psicológica durante su reclusión en territorio salvadoreño.
“Hoy estamos aquí para exigir justicia ante el mundo por las violaciones de derechos humanos cometidas contra cada uno de nosotros”, expresó Andry Blanco, otro de los afectados. Algunos de los migrantes relataron que viven con miedo a salir de casa o ser detenidos nuevamente, y manifestaron que no todos desean regresar a Estados Unidos. “No confío en ellos”, afirmó Nolberto Aguilar, refiriéndose al gobierno estadounidense.
Por su parte, la viceministra venezolana de Relaciones Exteriores para la Comunicación Internacional, Camilla Fabri, informó que el Ejecutivo de Maduro trabaja con una asociación de abogados en EE.UU. y con organizaciones de derechos humanos para preparar una demanda contra el expresidente Trump y su administración.
