Nicaragua figura en 2025 como uno de los países más comprometidos por el crimen organizado en el Índice Global de Crimen Organizado, que describe al país centroamericano como un “Estado capturado”.
Según el documento, en el país las instituciones no solo fallan en combatir las redes ilícitas, sino que las facilitan y protegen, en un contexto marcado por corrupción estructural, represión política y ausencia de controles independientes.
El informe retrata un entramado criminal diversificado que abarca trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, delitos ambientales, crimen financiero y ataques cibernéticos.
Todo ello bajo un modelo de gobernanza autoritario que, según los analistas, prioriza la preservación del poder político sobre la seguridad ciudadana.
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Tráfico de armas
Uno de los hallazgos más graves señala a Nicaragua como un punto neurálgico del tráfico regional de armas, especialmente fusiles de asalto AR-15.
De acuerdo con el índice, las armas salen de arsenales controlados por el Ejército y la Policía y son desviados hacia redes criminales en México, Honduras y Costa Rica.
El comercio ilícito, añade el documento, es posible por la participación de actores estatales corruptos que controlan el acceso al armamento y permiten su distribución ilegal.
Estados Unidos ha reaccionado con restricciones a las exportaciones de armas hacia Nicaragua, citando violaciones de derechos humanos y vínculos con Rusia.
Trata de personas
La trata de personas aparece como otro mercado en expansión.
Nicaragua es país de origen y tránsito de víctimas sometidas a explotación sexual y laboral, con destino a España, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.
Mujeres, niños y adolescentes —estos últimos con un aumento alarmante de desapariciones— son reclutados en zonas rurales con falsas promesas de empleo y luego forzados a mendicidad, minería artesanal o actividades vinculadas al narcotráfico.
El índice subraya la complicidad de funcionarios migratorios y fuerzas del orden, que facilitan estas redes mediante sobornos.
El tráfico de migrantes se ha convertido en una industria lucrativa, impulsada por la ubicación geográfica del país y por políticas de visado flexibles que atraen personas de África, Asia y el Caribe.
Las redes operan con guías locales en la frontera sur con Costa Rica y se promocionan en redes sociales ofreciendo “paquetes” que incluyen vuelos, transporte y alojamiento.
El informe apunta que el Estado obtiene beneficios mediante tarifas de tránsito no oficiales, y vincula la expansión diplomática hacia algunos países africanos con la facilitación de estos flujos.
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Corredor clave de drogas
En materia de drogas, Nicaragua no destaca por consumo interno de heroína ni por mercados significativos de sintéticos, pero sí como corredor clave de cocaína entre Colombia y Estados Unidos.
Las extensas costas y fronteras porosas facilitan el tránsito, mientras que las incautaciones oficiales han disminuido, sin que ello implique menor actividad.
Una incautación de cocaína en Rusia en 2024, originada en Nicaragua, evidenció su inserción en redes internacionales.
El cannabis es la sustancia más consumida a nivel local, con producción interna y flujos desde Costa Rica y Honduras.
Explotación del oro
El índice también documenta el avance de los delitos ambientales. La tala ilegal y la deforestación afectan gravemente territorios indígenas del norte y sur del país, con demanda principalmente desde China.
La llegada de empresas chinas desde 2020 habría intensificado la presión sobre bosques como la Reserva de la Biosfera de Bosawás, mientras comunidades indígenas denuncian desplazamientos, violencia e intimidación.
A ello se suma el tráfico de fauna silvestre —loros, monos, reptiles y ocelotes— hacia Europa, Estados Unidos y Asia.
La minería ilegal de oro es otro foco crítico: representa alrededor del 30 % de las exportaciones auríferas, según el informe, y está asociada a trabajo infantil, uso extendido de mercurio, explotación de tierras indígenas y contrabando.
Pese a sanciones internacionales, la actividad persiste con apoyo de intereses extranjeros y concesiones estatales, especialmente a empresas chinas.
Redes criminales
Aunque Nicaragua no presenta estructuras mafiosas clásicas, el índice describe redes criminales funcionales que prestan servicios a organizaciones transnacionales de narcotráfico, tráfico de madera y vida silvestre.
Estas redes colaboran con grupos de Honduras, Guatemala, Costa Rica y México, y aprovechan la aprobación tácita de autoridades. También se reporta presencia de pandillas regionales cerca de fronteras.
El documento es contundente sobre el rol del Estado. Señala acusaciones históricas contra el sandinismo por vínculos con el narcotráfico y sostiene que, en la actualidad, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no combate estas economías ilícitas, sino que las gestiona y regula para garantizar estabilidad política.
Analistas citan presuntas conexiones con redes como el Cártel de los Soles venezolano y la concesión de asilo o ciudadanía a actores cuestionados.
Sistema autoritario
En el plano institucional, el índice describe un sistema autoritario centralizado, con un poder judicial subordinado al Ejecutivo y fuerzas de seguridad utilizadas para reprimir disidencia.
Las leyes contra el crimen organizado y el lavado de dinero, añade, se aplican de forma selectiva contra opositores, periodistas y ONG, mientras los delitos financieros de alto nivel permanecen impunes.
Desde 2018, unas 5.000 organizaciones civiles han perdido su personería jurídica y la prensa independiente opera en el exilio o bajo censura.
El informe concluye que Nicaragua mantiene marcos legales formales y ha ratificado tratados internacionales, pero no los implementa.
La cooperación internacional es mínima, en contraste con la estrecha relación en seguridad y ciberseguridad con Rusia.
El resultado, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, es un país donde el crimen prospera bajo protección estatal y donde la represión política y la corrupción impiden cualquier respuesta efectiva.
