Guatemala enfrenta una grave crisis en su institucionalidad democrática y en el respeto a los derechos humanos, según el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado este lunes tras una visita in loco realizada entre el 22 y 26 de julio de 2024.
La CIDH advirtió que actores políticos y económicos ejercen control sobre instituciones del Estado para mantener privilegios e impunidad. Entre los hallazgos más graves está la cooptación del Ministerio Público, que se ha desviado de su rol constitucional para convertirse en un instrumento de persecución penal selectiva, según el informe.
Según el informe, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), antes reconocida por combatir la corrupción, ha sido utilizada para perseguir a opositores y desacreditar los resultados de las elecciones generales de 2023. La CIDH también denunció un patrón de criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, periodistas, estudiantes y hasta el propio presidente guatemalteco y su vicepresidenta.
Estas prácticas, señala el informe, han derivado en procesos arbitrarios, estigmatización, amenazas, traslados injustificados y exilios forzados.
La CIDH señala que la instrumentalización del sistema judicial ha sido posible gracias a la colaboración de sectores del Poder Judicial con el Ministerio Público, generando una fachada de legalidad en procesos sin garantías mínimas.
La impunidad por crímenes de corrupción y los delitos del conflicto armado interno se ha profundizado. La CIDH constató el estancamiento de la justicia transicional, el archivo de casos emblemáticos y la amenaza de nuevas leyes de amnistía. El desmantelamiento de instituciones surgidas tras los Acuerdos de Paz también ha debilitado la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación.
El organismo llamó a reformas estructurales en el sistema de justicia que garanticen la independencia judicial, mecanismos transparentes de selección de autoridades y rendición de cuentas. Los próximos procesos para renovar la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General son vistos como oportunidades clave para recuperar la legitimidad institucional.
En el ámbito económico y social, la CIDH alertó sobre persistentes niveles de pobreza, desigualdad y exclusión que afectan especialmente a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y rurales. Entre las principales carencias figuran el acceso limitado a agua potable, salud, educación, vivienda, trabajo digno y un ambiente sano. También se documentó el despojo y desplazamiento forzado de tierras ancestrales, con participación de empresas privadas y complicidad judicial.
Las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo blanco de violencia, hostigamiento judicial y amenazas, especialmente aquellas que trabajan en la defensa de la tierra y el medio ambiente. Las mujeres defensoras enfrentan riesgos diferenciados por razones de género. Aunque se reconocen avances como la implementación parcial de una política de protección, su aplicación efectiva sigue pendiente.
El informe también detalla las condiciones de exclusión que enfrentan mujeres, personas LGBTI, personas mayores, con discapacidad, privadas de libertad, niñas, niños y adolescentes, y personas migrantes. La CIDH formula 43 recomendaciones al Estado guatemalteco para restaurar la institucionalidad democrática, garantizar derechos y combatir la impunidad.
