La motocicleta se ha consolidado como un medio esencial para desplazarse en Mesoamérica. Su bajo costo, rapidez y accesibilidad la han convertido en la herramienta principal de trabajo y movilidad cotidiana en Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero ese crecimiento acelerado tiene un impacto directo en la seguridad vial: más motos en circulación significan mayor exposición al riesgo.
De acuerdo con el estudio “La Motocicleta en América Latina: Actualidad y Buenas Prácticas para el Cuidado de sus Usuarios”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la proporción de motociclistas fallecidos en la región supera ampliamente el promedio mundial del 28%.
En Mesoamérica, esta cifra es incluso mayor, y en algunos países los motociclistas representan más de la mitad de todas las muertes viales. La tendencia crece de forma sostenida desde 2016.
El documento señala que la región enfrenta una combinación compleja: un parque de motocicletas en expansión, infraestructura limitada, deficiencias en la formación de conductores y un uso cada vez más frecuente de la moto con fines laborales. Todo esto incrementa la vulnerabilidad de quienes la manejan.
Durante la pandemia de COVID-19, la situación se agudizó. Aunque la movilidad cayó hasta un 82% en varias ciudades latinoamericanas, los fallecimientos de motociclistas no disminuyeron en la misma proporción. En países como Costa Rica y otros de Mesoamérica, la participación de motociclistas dentro de las víctimas mortales incluso aumentó en 2020.
El análisis destaca que mientras el tránsito bajó por las restricciones sanitarias, la velocidad promedio en las calles subió. Con vías más despejadas, los siniestros tendieron a ser más violentos. Paralelamente, el uso de motocicletas para reparto y mensajería creció abruptamente, lo que incrementó la exposición al peligro.
El aumento del parque de motos es especialmente marcado en América Latina y el Caribe, donde los vehículos de dos y tres ruedas crecieron un 23% en la última década, por encima del crecimiento de automóviles. En Centroamérica, esta tendencia también se replica: la motocicleta es indispensable para miles de trabajadores.
Desde el punto de vista social, el vehículo permite a personas de ingresos medios y bajos acceder a empleo, aunque muchas veces en condiciones informales. Esa informalidad influye en la seguridad: cuanto más se utiliza la moto para trabajar, mayor es la probabilidad de conducción temeraria, mantenimiento deficiente y agotamiento por largas jornadas.
El estudio también subraya el crecimiento del uso femenino de la motocicleta, aunque muchas mujeres viajan como pasajeras. Esto las expone a los mismos riesgos sin tener control sobre la conducción. El aumento está vinculado a las deficiencias del transporte público y la necesidad de reducir tiempos de viaje.
Entre los factores de riesgo más frecuentes figuran el exceso de velocidad, el mal estado del pavimento, la baja visibilidad, los errores de frenado y la escasa utilización de equipo protector adecuado. En varios países centroamericanos, las calles deterioradas y la presencia de baches representan amenazas constantes para un vehículo tan inestable como la motocicleta.
A nivel normativo, el estudio revela importantes brechas. Aunque todos los países de la región obligan al uso de casco, varios no exigen estándares técnicos, certificaciones o siquiera que el casco esté abrochado. Esto reduce su efectividad y mantiene un alto nivel de vulnerabilidad entre los usuarios.
Asimismo, ninguno de los países mesoamericanos exige frenos ABS en motocicletas nuevas, una tecnología que puede reducir hasta un 40% las muertes en siniestros graves. Mientras Europa y Estados Unidos avanzan hacia su obligatoriedad, la región mantiene requisitos mínimos.
Los procesos para obtener licencias también muestran vacíos. En Costa Rica, por ejemplo, la misma licencia permite manejar auto o moto, sin una categoría diferenciada. En Guatemala y Honduras, la edad para conducir es baja y en varios casos no existe una capacitación robusta en técnicas de manejo seguro.
El estudio del BID concluye que la región necesita modernizar con urgencia sus políticas públicas, mejorar la infraestructura vial y profesionalizar el uso de la motocicleta como herramienta laboral. Entre las recomendaciones se incluyen fiscalizar con mayor rigor el uso de casco certificado, incorporar ABS, mejorar la demarcación y el pavimento, y fortalecer los procesos de formación de conductores.
En Centroamérica, donde la motocicleta es ya parte esencial del tejido económico y social, los países enfrentan el reto de equilibrar su amplio uso con la necesidad de proteger la vida de quienes la emplean. Reducir la mortalidad en moto no es solo un objetivo de seguridad vial: es una prioridad urgente para salvar miles de vidas cada año.
