Desde 2018, Nicaragua vive bajo un modelo de represión estatal que no reconoce límites geográficos. Lo que comenzó con la violencia policial contra manifestantes ha evolucionado en una política sistemática que persigue a quienes huyen del país.
El informe “Represión Transnacional” documenta 1,446 violaciones de derechos humanos entre 2019 y 2025, de las cuales 199 corresponden a persecución fuera del territorio nicaragüense.
Los testimonios recopilados incluyen amenazas, vigilancia, extorsiones, intentos de secuestro y hostigamiento a familiares de personas exiliadas. El mensaje, según el informe, es claro: “ni la distancia ni el asilo garantizan seguridad”.
El estudio revela que el miedo es usado como herramienta política. Muchas víctimas relataron haber recibido mensajes anónimos con fotos de balas, llamadas de números desconocidos o publicaciones en redes que exponen su ubicación.
Esa atmósfera de terror psicológico busca silenciar voces críticas y desmovilizar la organización de la diáspora. En consecuencia, numerosos exiliados optaron por limitar su presencia pública o abandonar la militancia.
El informe también describe un patrón de violencia escalonada: comienza con la persecución en Nicaragua, continúa con amenazas digitales en el exilio, se intensifica con la vigilancia física en el país de acogida y culmina con represalias contra los familiares que permanecen en territorio nicaragüense.
El objetivo es quebrar emocionalmente a la víctima e impedir su retorno o denuncia. Esta estrategia convierte al exilio en una extensión del control estatal.
Además, el estudio alerta sobre la impunidad ampliada, ya que la mayoría de denuncias por agresiones en el extranjero terminan archivadas. Autoridades de países receptores clasifican los casos como “delitos comunes”, ignorando su trasfondo político.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más advierte que esta impunidad permite que los agresores actúen sin consecuencias, reproduciendo un sistema de violencia sin fronteras.
Finalmente, el documento exhorta a los países de acogida y organismos internacionales a reconocer la represión transnacional como una nueva forma de violación sistemática de derechos humanos, que exige respuestas urgentes y coordinadas.
