La organización Transparencia Venezuela denunció que las criptomonedas se han convertido en el principal canal para el desvío de fondos públicos y la evasión de sanciones internacionales por parte del régimen de Maduro. Según el informe, el sistema fue presentado como un símbolo de “soberanía digital”, pero en realidad sirvió para ocultar operaciones financieras ilegales.
Entre 2017 y 2025, la llamada “trama PDVSA–Cripto” habría desviado al menos 16.950 millones de dólares. El esquema fue encabezado por Tareck El Aissami y Joselit Ramírez, quienes usaron el criptoactivo Petro para realizar ventas de petróleo y mover dinero fuera del control de las autoridades internacionales.
La estructura incluía instituciones como la Sunacrip y la Tesorería de Criptoactivos, que permitían transacciones sin auditorías ni controles. De esa forma, los operadores del sistema podían canalizar recursos estatales a cuentas privadas y reconvertirlos en divisas mediante plataformas de criptomonedas.
Tras el colapso del Petro en 2024, el régimen comenzó a usar stablecoins como USDC y USDT a través de empresas con licencias oficiales. Según Transparencia Venezuela, bancos privados también habrían participado en el esquema facilitando recargas mensuales de hasta 100.000 dólares en criptomonedas sin trazabilidad.
El informe concluye que este modelo no representa un avance tecnológico, sino una nueva versión de los viejos mecanismos de corrupción estatal. La ONG instó a la comunidad internacional a reforzar los controles financieros para evitar que las criptomonedas sigan siendo utilizadas por redes vinculadas al poder político venezolano.
