La Asamblea Legislativa de Costa Rica eligió este miércoles a los tres diputados que integrarán la Comisión Especial Dictaminadora que analizará la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, a raíz de 15 denuncias por presunta beligerancia política.
Los legisladores designados son Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rocío Alfaro, del Frente Amplio; y Daniel Vargas, del partido oficialista. Tanto Alfaro como Vargas ya formaron parte de la comisión que evaluó el primer intento de desafuero contra Chaves, por el caso “BCIE-Cariñitos”.
Vanessa Castro, presidenta interina de la Asamblea, afirmó que su decisión se basa en el artículo 270 del Código Electoral, el cual regula los límites a la participación política de altos jerarcas, incluyendo al presidente en funciones.
“Establecí un plazo de 20 días naturales para el trabajo de esta comisión, porque ya se demostró que es un tiempo suficiente”, indicó Castro, aunque dejó abierta la posibilidad de una prórroga única por igual período.
La comisión especial podrá convocar al presidente Chaves para una audiencia pública, en la que podrá comparecer con su abogado defensor y sin límite de tiempo, como ocurrió en el proceso anterior.
Este es el segundo intento de desafuero contra el mandatario costarricense. El primero fue solicitado por la Corte Suprema de Justicia en junio, por un presunto delito de concusión, dentro del caso BCIE-Cariñitos. En ambos casos, se ha seguido el mismo proceso legislativo: una comisión de tres diputados analiza el expediente y rinde un informe al Plenario.
El informe de la comisión deberá someterse a votación en el Congreso, donde se requerirá el respaldo de al menos 38 diputados para que se apruebe el levantamiento de la inmunidad. Aunque algunos sectores de oposición se han manifestado a favor del trámite, diputados de Nueva República y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles y Bojorges, han reiterado su rechazo a remover el fuero del presidente.
El oficialismo apeló sin éxito la resolución de Castro con el fin de detener el proceso. La moción fue rechazada en el Plenario por 27 votos en contra y 16 a favor, lo que dejó firme el procedimiento.
