La representante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y legisladores hondureños cuestionaron al consejero Marlon Ochoa por anunciar públicamente grabaciones sin orden judicial, advirtiendo riesgos legales y políticos.
Cossette López, consejera del CNE, calificó de “preocupante” que Ochoa admitiera en televisión nacional poseer audios privados sin contar con una orden judicial. La funcionaria señaló que esto constituye un “delito confeso” de interceptación telefónica.
“Es un delito confeso decir en televisión que tiene una grabación porque tengo entendido él no es agente investigador y no hay una orden judicial”, indicó López, cuestionando qué acciones tomará la Fiscalía frente a esta confesión pública.
#Honduras🔴| 𝐂𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐥𝐨𝐧 𝐎𝐜𝐡𝐨𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐠𝐫𝐚𝐛𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨
La representante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López (@CossetteOficial),… pic.twitter.com/VToqvl6Znb
— ICN.Digital (@ICNDigital) October 22, 2025
Marlon Ochoa anuncia audios con “entrega de pruebas”
El consejero Marlon Ochoa anunció que entregará al Ministerio Público audios que, según él, revelan un plan para afectar las elecciones generales:
“En mi mano tengo una USB con pruebas fehacientes y audios entre una consejera del CNE y un jefe de bancada de un partido tradicional que revelan un plan para generar una crisis poselectoral. Hoy a las 4:00 p.m. entregaré todo al MP”, declaró Ochoa.
🚨💥“En mi mano tengo una USB con pruebas fehacientes y audios entre una consejera del CNE y un jefe de bancada de un partido tradicional que revelan un plan para generar una crisis poselectoral. Hoy a las 4:00 p.m. entregaré todo al MP”
-Marlon Ochoa, consejero del CNE pic.twitter.com/vsiyfPkYmX
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Críticas de legisladora
La diputada nacionalista María Antonieta Mejía criticó duramente a Ochoa, señalando que su acción constituye una campaña de intimidación que vulnera la independencia del CNE.
“Advertimos que lo que hoy se anuncia es una persecución política. El consejero Marlon Ochoa debe responder de cómo y bajo qué autoridad obtuvo estas supuestas pruebas. Si se trata de grabaciones privadas, estamos ante un uso ilegal de la información y una gravísima violación de los derechos fundamentales, lo que compromete no solo la imparcialidad, sino que la credibilidad del Consejo Nacional Electoral”, expresó Mejía.
Añadió que el país “no necesita consejeros que le hagan de fiscales, ni de voceros partidarios, ni de activistas políticos”.
Riesgos legales y políticos
La controversia pone en el centro la legalidad de la interceptación de comunicaciones y la credibilidad del CNE de cara a las elecciones generales. Expertos legales advierten que la difusión de audios sin autorización judicial puede constituir un delito y afectar la confianza ciudadana en el proceso electoral.
