El partido de la presidenta de Honduras, Libre, dio un paso decisivo en su presencia institucional al lograr que Nelson Licona, ligado al oficialismo, fuera elegido coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). La votación ocurrió este lunes y fue calificada como resultado de alianzas estratégicas dentro del organismo civil que velaba por su autonomía.
Licona obtuvo el apoyo clave del representante católico, el diácono Javier Suazo, quien inclinó la balanza a favor del candidato respaldado por Libre. Esa decisión dejó fuera de la dirección de ese ente al empresarial Juan Carlos Sikaffy, quien representaba el ala independiente del CNA.
Estructura y dinámica interna del CNA
El CNA está compuesto por 12 organizaciones de sociedad civil, entre ellas el COHEP, la Confraternidad Evangélica, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo de Rectores, las confederaciones de trabajadores, la AMHON, la Andeph, la Federación de ONG y otras entidades.
Durante el proceso, AMHON, FONAC, ANDPEH, asociaciones campesinas y el Arzobispado fueron decisivas en orientar su voto hacia Licona, provocando sorpresa entre miembros de la sociedad civil. La elección fue descrita por fuentes como “celosa y estratégica”, más política que técnica.
El dirigente nacionalista Fernando Anduray, dice que “con el asalto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por parte del Partido Libertad y Refundación (Libre) de Rixi Moncada, Mel Zelaya, Xiomara Castro, Luis Redondo y de todos los que han venido acusando de ser portavoz de la… pic.twitter.com/g9qN7aDxo4
— Radio América HN (@radioamericahn) October 15, 2025
Critican riesgos a la independencia institucional
La elección de Nelson Licona, identificado con sectores oficialistas, generó alerta entre organismos y analistas de gobernanza. Se advierte que su llegada puede debilitar la autonomía del CNA para fiscalizar actos de corrupción en el Gobierno.
Durante su primera reunión como coordinador, Licona prometió mantener la institucionalidad y evitó señalar injerencia estatal directa en su selección. No obstante, sectores críticos señalan que este nombramiento podría representar un cambio en el carácter contralor del organismo.
Libre e instituciones ciudadanas: ampliando influencia
Con esta jugada política, Libre —el partido de gobierno en Honduras— busca extender su influencia en instituciones que anteriormente ejercían funciones de vigilancia ciudadana frente al poder. Algunas fuentes consideran que es un intento por neutralizar organismos críticos al Ejecutivo.
El CNA adquirió reconocimiento en los últimos años por denunciar desvíos millonarios hacia ONG afines al oficialismo en la Secretaría de Gobernación.
Ahora, con un coordinador alineado al partido de gobierno, surgen dudas sobre la continuidad de esas denuncias.
Reacción desde la sociedad civil y la comunidad internacional
Organizaciones de transparencia y defensa de derechos exigieron que, pese al cambio de mandato, el CNA conserve mecanismos de control autónomo. Algunos pidieron que Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, supervise que no haya desplazamiento de su autoridad.
Por su parte, ciudadanos observan con preocupación cómo uno de los pocos instrumentos críticos frente al poder estatal podría perder independencia. Algunos medios reportan que la cooperación internacional vigila de cerca este giro institucional.
Licona inicia gestión entre promesas y cuestionamientos
En su discurso inicial, Nelson Licona afirmó que trabajará “en equipo” con Gabriela Castellanos y negó que su elección respondiera a órdenes del Ejecutivo. Aseguró que respetará la misión del CNA.
Pese a esas declaraciones, diversas voces siguen recordando su historial político y su cercanía al partido Libre y a sectores municipales del poder. El desafío será demostrar que efectivamente conservará la imparcialidad del organismo.
Un punto de inflexión institucional
La incursión del oficialismo de Libre en el CNA representa un antes y un después en la arquitectura anticorrupción de Honduras. La capacidad del organismo para investigar sin sesgos está ahora en la mira.
Este episodio plantea un escenario en que organismos civiles pierden capacidad de supervisión frente al Estado, un fenómeno común en procesos de concentración de poder institucional.
De aquí en adelante, el CNA debe responder a la sociedad demostrando que su rol constitucional como contrapeso sobrevive, incluso bajo su nueva dirección política.
