La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala atraviesa una de sus etapas más críticas. Solo en septiembre, 47 agentes fueron destituidos por procedimientos indebidos en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango y Suchitepéquez. En los últimos tres meses, se sumaron otros 26 despidos por incumplimiento de deberes e irregularidades durante operativos.
Según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, las medidas buscan “depurar la institución” y eliminar a los elementos que actúan “con total irresponsabilidad”. Sin embargo, diversos sectores sostienen que la depuración podría estar siendo utilizada como distractor ante fallas estructurales dentro de la fuerza de seguridad.
La mayoría de los despidos se concentra en los rangos más bajos de la PNC, agentes y subinspectores, mientras que los altos mandos rara vez enfrentan sanciones. Fuentes internas aseguran que “los oficiales superiores suelen deslindarse de toda responsabilidad y trasladan la culpa hacia los subordinados”. En varias audiencias judiciales, policías declararon haber seguido órdenes directas de sus superiores bajo amenazas o represalias.
Entre enero de 2023 y septiembre de 2024, fueron capturados 311 agentes por delitos como abuso de autoridad, extorsión, cohecho, allanamientos ilegales y secuestro. Los jueces han subrayado que, aunque muchos alegan obediencia a órdenes, su deber es denunciar actos ilícitos para no incurrir en omisión.
De acuerdo con la Inspectoría General de la PNC, en el mismo periodo se registraron 3,879 denuncias contra agentes por incumplimiento de tareas. El abuso de autoridad lidera las estadísticas con 1,163 casos, seguido por 828 denuncias de encubrimiento propio. A pesar de las sanciones, expertos del CIEN y de ASIES coinciden en que la depuración no basta: la institución necesita reformas éticas y formación profesional con vocación de servicio.
Otro punto crítico es el bajo salario policial. Tras el último aumento en 2023, los agentes ganan 7,354 quetzales mensuales (unos 940 dólares), apenas por encima del mínimo. Analistas advierten que la precariedad laboral y la falta de incentivos continúan siendo factores que alimentan la corrupción interna y la vulnerabilidad frente al crimen organizado.
En conclusión, la depuración de la PNC refleja un esfuerzo por limpiar la institución, pero también deja al descubierto un sistema que castiga a los eslabones más débiles y protege a los altos mandos. Sin supervisión efectiva ni controles internos sólidos, la impunidad y la desconfianza ciudadana seguirán marcando el rumbo de la seguridad en Guatemala y, por extensión, de la región.
