El Tribunal Supremo de Turquía rechazó una petición de anulación de una ley para retirar de las calles a millones de perros callejeros.
El fallo fue emitido por el Tribunal Constitucional, que rechazó una petición para anular la normativa impulsada por el gobierno turco en agosto de 2024. Según el alto tribunal, la ley cumple con los parámetros legales y debe seguir aplicándose, pese a los cuestionamientos del principal partido de oposición y de grupos defensores de los derechos animales.
La legislación obliga a los municipios a recoger a los perros vagabundos, vacunarlos, esterilizarlos y trasladarlos a refugios donde, si no son adoptados o presentan enfermedades terminales, pueden ser sacrificados. El Ejecutivo turco estima que cerca de cuatro millones de perros callejeros deambulan por el país, y argumenta que la medida busca prevenir ataques y riesgos a la salud pública.
Decenas de manifestantes se concentraron frente al Tribunal Constitucional en Ankara con pancartas que decían “anulen la ley sangrienta”, exigiendo el fin de lo que califican como una política de exterminio. Organizaciones como la Humane Society International (HSI) alertaron que la norma podría derivar en matanzas indiscriminadas y saturación de refugios sin control sanitario.
El Colegio de Abogados de Ankara también se pronunció contra la medida, denunciando que “cientos de animales ya han muerto debido a esta ley que no sirve al interés público”. Según activistas, la falta de recursos municipales agrava la situación, ya que muchos gobiernos locales carecen de fondos para construir y mantener nuevos albergues.
Desde su aprobación, reportes locales indican que numerosos perros fueron sacrificados sin supervisión veterinaria, bajo el pretexto de enfermedades o agresividad. Las imágenes difundidas en redes sociales han intensificado las críticas hacia el gobierno turco, que defiende su política como una respuesta a incidentes de ataques, incluidos casos de niños heridos.
Expertos en bienestar animal sostienen que la medida representa un retroceso en la gestión ética de la fauna urbana. “Es un paso atrás en el pensamiento progresista sobre ciudades saludables y humanas”, dijo Katherine Polak, de la HSI. La sentencia, según los activistas, marca un precedente preocupante para otros países que enfrentan desafíos similares con animales callejeros.
