Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para detener y deportar a extranjeros a un ritmo alarmante. En los últimos meses, la administración Trump llegó a acuerdos con varios países terceros para recibir a extranjeros deportados.
En Australia, el gobierno laborista también ha establecido nuevas facultades para deportar a extranjeros a terceros países. El gobierno firmó un acuerdo secreto con Nauru en septiembre, garantizando a la pequeña isla micronesia 2.500 millones de dólares australianos durante las próximas tres décadas para acoger al primer grupo de deportados.
En ambos países, ahora se puede prohibir la entrada a migrantes a estados con los que no tienen ninguna conexión previa.
El año pasado, en el Reino Unido, el Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer prometió que el plan del anterior gobierno conservador de deportar a personas a Ruanda estaba “muerto y enterrado”. Sin embargo, el Partido Laborista expulsó a cerca de 35.000 personas en 2024, un aumento del 25% con respecto al año anterior.
Starmer también ha propuesto establecer “centros de retorno” en terceros países para personas con solicitudes de asilo rechazadas.
Mientras tanto, el Partido Reformista, de extrema derecha, ha presentado un plan de “deportación masiva” que implica el uso de bases militares para detener y deportar a cientos de miles de personas, si gana el poder en las próximas elecciones generales.
Políticas similares podrían llegar pronto también a Europa. En mayo, la Comisión Europea publicó una propuesta que permitiría a los Estados miembros de la UE deportar a personas solicitantes de asilo a terceros países con los que no tienen vínculos previos.
La deportación de poblaciones consideradas problemáticas no es una práctica nueva. Durante siglos, los Estados han utilizado formas de deportación para expulsar a personas por la fuerza, como lo ilustra la propia historia de Australia como colonia penal británica.
Hoy en día, las deportaciones son un elemento básico de la gobernanza migratoria en todo el mundo. Sin embargo, la reciente expansión de las detenciones y deportaciones refleja una criminalización y un castigo acelerados de los no ciudadanos, vinculados a un creciente autoritarismo en países occidentales supuestamente liberales.
Movimiento de criminalización
La expansión y externalización de las deportaciones se sustenta en una larga historia de criminalización de la migración.
Durante las últimas tres décadas, los obstáculos legales y la seguridad en las fronteras han obligado cada vez más a quienes huyen de la guerra, la persecución y la inseguridad a recurrir a rutas no autorizadas para buscar refugio.
Simultáneamente, los gobiernos han replanteado el acto de solicitar asilo, pasando de ser un derecho humano a un delito, calificando de “ilegales” a quienes se desplazan para justificar la detención migratoria en territorio nacional y en el extranjero.
Las personas de otras razas que viven en la comunidad también han sido objeto de un mayor control policial, independientemente de su estatus migratorio.
En Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, este lenguaje criminalizador, antes reservado a la prensa de derecha, ahora es repetido por políticos de todo el espectro político y consagrado en la legislación. Esto ha acelerado lo que la experta en migración Alison Mountz ha denominado “la muerte del asilo” y la normalización de las deportaciones.
En Australia, por ejemplo, el gobierno redujo el umbral para la cancelación de visas en 2014, lo que provocó que personas con delitos menores fueran detenidas y programadas para su deportación. Quienes no pudieron ser devueltos a sus países de origen continuaron languideciendo en detención hasta que un fallo de un tribunal superior en 2023 ordenó su liberación.
A pesar de haber cumplido sus condenas, además de los prolongados periodos en detención migratoria, un frenesí mediático presentó a estas personas como una gran amenaza para la comunidad. El gobierno laborista entonces legisló para deportarlas, junto con miles de otras personas con visas precarias, a un tercer país.
Las deportaciones también han sido un aspecto central de la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos durante muchos años.
El expresidente Barack Obama fue calificado como “Deportador en Jefe” por alcanzar la cifra récord de tres millones de deportaciones durante su mandato.
Mientras Obama se centraba en los “delincuentes, no en las familias”, Trump ha equiparado la migración en sí misma con la delincuencia y la inseguridad. Su administración ha tendido una red mucho más amplia, deteniendo a personas con y sin condenas penales, incluyendo a ciudadanos.
Las detenciones y deportaciones también se han utilizado para reprimir la disidencia política en temas como el genocidio en Gaza.
Para acelerar su promesa de deportar a un millón de personas en su primer año, la administración Trump estableció apresuradamente centros de detención en antiguas prisiones y bases militares, incluyendo la Bahía de Guantánamo.
Los informes sugieren que el gobierno también ha contactado a 58 terceros países para que acepten a extranjeros deportados. Los países que han aceptado, o que ya han recibido a personas, se muestran en el mapa a continuación.
En muchos casos, las personas son redetenidas a su llegada a hoteles, prisiones y campamentos, y algunas están sujetas a nuevas deportaciones.
Autoritarismo en ascenso
Estos recientes acontecimientos revelan un autoritarismo explícito en el que las deportaciones se logran mediante la eliminación de la equidad procesal. La reducción de los plazos de preaviso, la posibilidad de apelar decisiones y el acceso a asistencia legal permiten procedimientos apresurados y opacos.
En junio, ocho personas fueron deportadas de Estados Unidos a Sudán del Sur sin posibilidad de impugnar su expulsión. Tras una fallida intervención judicial, los tres jueces liberales de la Corte Suprema de Estados Unidos declararon:
El gobierno ha dejado claro, con palabras y hechos, que se siente libre de restricciones legales, libre de deportar a cualquier persona, en cualquier lugar, sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchado.
En el Reino Unido, el Partido Laborista amplió en agosto el programa “Deportar ahora, apelar después”, ampliando de ocho a 23 los países a los que se puede deportar sin derecho a apelación.
Y este mes, en Australia, se modificó la Ley de Migración para eliminar las normas de justicia natural para las personas programadas para la deportación. En los tres países, la rápida expansión de las prácticas de detención y deportación aterroriza a las personas afectadas, dejando a comunidades enteras sumidas en el miedo. La abogada australiana de derechos humanos Alison Battisson describió la deportación como “una muerte sigilosa para las personas y sus familias”.
Estas políticas también han legitimado y envalentonado a grupos neonazis de extrema derecha, que han salido a las calles tanto en el Reino Unido como en Australia en las últimas semanas para exigir el fin de la migración. En ambos países, los efectos de décadas de políticas neoliberales, como la falta de vivienda asequible, empleo y atención médica, se redefinen como un problema de migración.
Cómo responden las comunidades
Las comunidades ahora se están organizando y abogando por una política diferente.
En Los Ángeles, por ejemplo, las organizaciones de base se movilizaron a principios de este año para contrarrestar la escalada de redadas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las redes también comenzaron a proporcionar información y apoyo a las personas objeto de arrestos del ICE. En julio, Detention Watch Network relanzó la coalición “Comunidades, no Jaulas” de campañas de base contra la detención.
En el Reino Unido, las manifestaciones de extrema derecha en hoteles de asilo se han topado con contramanifestaciones, donde la gente insiste en una política de acogida y unidad.
Pero el reto sigue siendo cómo convertir la oposición local y nacional en una coalición capaz de hacer frente a este auge de las políticas autoritarias de exclusión y expulsión.
