La Inteligencia costarricense no tiene un protocolo de seguridad para proteger a personas exiliadas que han sido amenazadas de muerte, admitió el jueves ante una comisión de la Asamblea Legislativa el jefe de operaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, Wilberth Villegas, cuestionado sobre el caso del opositor nicaragüense, Roberto Samcam.
“No tenemos un protocolo para este tipo de situaciones (…) La ley de policía no nos faculta a recibir denuncias ni dar protección a nacionales o extranjeros”, admitió Villegas ante los cuestionamientos de varios diputados.
Aclaró que la función de la DIS se limita a recibir y procesar información que pueda representar amenazas a la seguridad nacional, y remitirla a las autoridades competentes si es necesario. Según Villegas solo tienen “un procedimiento” ante las denuncias de exiliados.
Durante una comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en la que se investiga el protocolo de atención a personas refugiadas tras el asesinato del opositor nicaragüense, ocurrido el pasado 19 de junio en su vivienda en Moravia, al norte de la capital costarricense, Villegas también admitió que la DIS perdió con el exmilitar nicaragüense Roberto Samcam desde el primer semestre de 2023, a pesar de haber sido identificado como un “sujeto de alto perfil” en materia de seguridad.
Villegas explicó que la pérdida de comunicación se debió al traslado de los oficiales de campo encargados del seguimiento de Samcam.
“Desde 2023 no tuvimos más información”, afirmó. La última vez que supieron de él fue a través de la prensa, tras confirmarse su homicidio.
De acuerdo con el testimonio, Samcam había sido contactado por la DIS desde finales de 2018 por su condición de exmilitar y opositor al régimen de Daniel Ortega. En su primera visita a la sede de la institución, llegó acompañado por otro exfuncionario de alto rango de la policía nicaragüense, identificado únicamente como “Juan Pedro”.
“Nos dijo claramente que en Nicaragua era perseguido… Al recibir la hojilla de recomendaciones nos dijeron: ‘Gracias, somos hombres entrenados, sabemos en lo que estamos’”, recordó Villegas.
Como parte del seguimiento, se les entregó una hoja con recomendaciones básicas de seguridad: números de emergencia, ubicación de delegaciones policiales cercanas y procedimientos para interponer denuncias. Sin embargo, la DIS aclaró que no cuenta con facultades legales para recibir denuncias ni brindar protección directa a refugiados o exiliados.
El asesinato de Roberto Samcam provocó una investigación que derivó en varios allanamientos realizados por la policía judicial el pasado 12 de septiembre. Las operaciones se ejecutaron en viviendas ubicadas en León XIII, Tibás y Cañas, Guanacaste.
Villegas reveló que Samcam preparaba una investigación sobre el papel del Ejército de Nicaragua en crímenes de lesa humanidad.
Randall Zúñiga, director de la policía judicial, informó que cinco personas fueron capturadas por su presunta vinculación con el crimen, incluyendo autores materiales y colaboradores en la fuga: Chacón Guillén, mujer de 30 años, Chaves, hombre de 35 años, detenido en Cañas, Cordero Robles, hombre de 23 años y Castro Pérez, hombre de 33 años. Según la investigación, el detenido en Cañas habría sido el encargado de reclutar al grupo para ejecutar el asesinato.
Roberto Samcam, quien había salido de Nicaragua por amenazas a su vida, era reconocido como una voz crítica del régimen Ortega-Murillo y preparaba una publicación sobre la participación del Ejército nicaragüense en actos represivos.
