Costa Rica se mantiene como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera en América Latina, según el más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento destaca la estabilidad democrática, el entorno legal maduro y la fuerza laboral calificada como pilares fundamentales del clima de negocios costarricense.
Según el reporte, durante 2024, el país captó $4,322 millones en inversión extranjera directa (IED), equivalente al 4.5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales el 70 % provino de Estados Unidos. Este flujo de capital responde al dinamismo de sectores clave como manufactura avanzada, semiconductores, ciencias de la vida, servicios corporativos, tecnología y turismo. El PIB, por su parte, creció 4.4 % en el mismo periodo.
El informe también resalta factores como los incentivos fiscales en zonas francas, la ubicación geográfica estratégica y la promoción activa de agencias como PROCOMER.
No obstante, el reporte señala que el país enfrenta desafíos que podrían limitar su potencial, como un déficit fiscal estructural, altos costos energéticos, rezagos en infraestructura, y una elevada informalidad laboral que afecta al 37.9 % de la población económicamente activa.
Pese a estos retos, los indicadores macroeconómicos muestran signos positivos. La tasa de desempleo se ubicó en 6 %, el subempleo en 3 %, y el colón mostró una apreciación frente al dólar. Costa Rica opera actualmente bajo un acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual ha impulsado la adopción de reformas fiscales y estructurales.
Desde su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2021, Costa Rica ha implementado medidas para facilitar la inversión.
El informe destaca que para constituir una empresa, es necesario inscribirse ante el Registro Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la municipalidad correspondiente. También pueden exigirse permisos adicionales para actividades específicas como turismo, agricultura o zonas francas.
El marco normativo se complementa con procesos de consulta pública publicados en La Gaceta, así como con canales de apelación ante instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la ARESEP y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
