El gobierno de Estados Unidos transfirió $4.76 millones al gobierno salvadoreño para cubrir los costos de detención de 238 miembros del grupo criminal Tren de Aragua, deportados recientemente al país y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), según reveló un documento judicial publicado el martes por la ONG Democracy Forward.
El escrito, con fecha del 22 de marzo de 2025, indica que el Gobierno de El Salvador aceptó albergar a cerca de 300 integrantes de esta organización criminal venezolana por un período de hasta un año o hasta que se definiera su situación legal. El pago fue canalizado a través de una subvención del Departamento de Estado de EE.UU., específicamente de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
“El Gobierno de Estados Unidos proporciona la suma de $4,760,000 mediante este acuerdo de subvención para las necesidades de aplicación de la ley y lucha contra la delincuencia de El Salvador, que podrían incluir los costes asociados a la detención de miembros de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua”, señala la carta, cuya firma fue omitida en la versión publicada por la ONG.
Los fondos también servirán para cubrir gastos operativos de las agencias policiales y penitenciarias salvadoreñas, según el acuerdo, que impide su transferencia a terceros o su uso para apoyar a funcionarios considerados corruptos por Washington. Además, El Salvador debe presentar un informe financiero completo dentro de los seis meses posteriores al cierre de cada año, y Estados Unidos podrá requerir reportes adicionales.
Sin embargo, Democracy Forward y la Fundación RFK Human Rights, que presentaron una demanda contra el Departamento de Estado en un tribunal federal de Columbia, cuestionan el contenido del acuerdo.
La directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, afirmó que el documento confirma que la administración Trump-Vance “no hizo nada para garantizar que las personas deportadas estuvieran protegidas contra la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos”.
“Este acuerdo se mantuvo en secreto y fuera del alcance del público. Lo que revela es alarmante: se priorizaron restricciones de gasto sobre asistencia médica o apoyo a solicitantes de asilo, sin ofrecer garantías básicas de derechos humanos”, denunció Perryman.
Diversas organizaciones de derechos civiles han criticado el proceso de deportación bajo la administración Trump, al considerar que no se brindaron audiencias adecuadas ni se garantizó que los deportados tuvieran vínculos comprobables con el Tren de Aragua.
