La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU, en San Francisco, autorizó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 inmigrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
El fallo revoca una orden previa de un tribunal de distrito, emitida el 31 de julio, que suspendía la terminación del TPS hasta el 18 de noviembre de 2025.
Con la decisión del tribunal de apelaciones, los ciudadanos de Nepal pierden su estatus legal y permisos de trabajo de inmediato, mientras que los hondureños y nicaragüenses lo harán el próximo 8 de septiembre, si no hay una nueva resolución judicial que intervenga.
La administración Trump había solicitado una “suspensión de emergencia” argumentando que el fallo anterior impedía ejecutar medidas de inmigración que consideraban necesarias. “Ya estamos sufriendo daños irreparables”, dijo Drew Ensign, del Departamento de Justicia, al panel de jueces.
“No he estado en Honduras desde que era un bebé. Toda mi vida está aquí”, se lamentó Jhony Silva, originario de Honduras, al conocer el fallo.
El Centro de Política y Derecho Migratorio de UCLA, que representa a los demandantes, criticó duramente la decisión.
“Esta resolución simplemente valida un abuso de poder del gobierno”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del centro. “Nuestros clientes merecen algo mejor que esto”.
Durante la audiencia ante el Noveno Circuito, la administración Trump sostuvo que la suspensión del fin del TPS para Nepal –vigente desde hace más de 10 años– ya había causado un perjuicio al impedir ejecutar acciones migratorias. La defensa argumentó además que la decisión de la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no era revisable por la vía judicial.
Pero los representantes legales de los inmigrantes cuestionaron esa postura. Arulanantham explicó que la cancelación dejaría a más de 7,000 personas en riesgo inmediato de detención y deportación. “Lo único que lograría esta suspensión es destruir la vida de miles de trabajadores y padres de familia”, añadió.
Una batalla que continúa en los tribunales
La demanda fue presentada el 7 de julio por la Alianza Nacional TPS y otras organizaciones, señalando que las órdenes de Noem violan la Ley de Procedimientos Administrativos y fueron impulsadas por motivos raciales. La jueza Thompson había considerado que existían fundamentos constitucionales suficientes para frenar las cancelaciones mientras se desarrolla el juicio principal en noviembre.
La Corte de Apelaciones, sin embargo, otorgó la suspensión sin dar argumentos detallados, lo que generó más críticas. “El fallo carece de justificación y viola el debido proceso que nuestros clientes merecen”, añadió Arulanantham tras la audiencia.
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros, lo calificó como una decisión que traerá “dificultades sin sentido” a más de 40,000 familias con hijos ciudadanos estadounidenses. “Es un ataque sistemático para quitarle derechos legales a personas que han contribuido al país por décadas”, afirmó.
La Alianza Nacional TPS, el ACLU del Norte y Sur de California, el Haitian Bridge Alliance y el Centro de Derecho de UCLA, que representan a los demandantes, aseguraron que seguirán luchando por protección permanente para los afectados. “No dejaremos de organizarnos ni de pelear por nuestro derecho a quedarnos en el único hogar que conocemos”, expresó Teofilo Martínez, inmigrante hondureño y líder de la Alianza.
