La senadora demócrata Jeanne Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, expresó este martes al secretario de Estado, Marco Rubio, expresando su profunda preocupación por la situación de cientos de migrantes deportados desde EE.UU. hacia Panamá y Costa Rica en febrero de 2025, muchos de los cuales aún permanecen en estos países en condiciones precarias.
En una misiva, Shaheen solicitó al Departamento de Estado información detallada sobre el estado legal y el bienestar de los migrantes, muchos de ellos solicitantes de asilo, provenientes de países como Afganistán, China, Irán, Rusia, Yemen y otros. Asimismo, pidió que se revelen los acuerdos bajo los cuales se llevaron a cabo estas deportaciones, conforme al Case-Zablocki Act.
“Solicito información sobre los pasos que ha tomado la administración para evitar que estas personas sean víctimas de trata, explotación laboral o sexual, o sean devueltas a países donde enfrentarían tortura u otros daños”, escribió Shaheen, cuestionando también la legalidad y transparencia del proceso.
La carta señala que casi 500 migrantes fueron retirados del territorio estadounidense y trasladados a Panamá y Costa Rica. Entre ellos, se encuentran mujeres afganas que huían del régimen talibán, cristianos iraníes perseguidos por su fe y opositores rusos al régimen de Vladimir Putin. Según la senadora, varios migrantes aún no tienen un camino claro hacia la regularización o el retorno.
En Panamá, las autoridades han trasladado a los deportados en múltiples ocasiones, desde hoteles en la capital hasta centros de recepción en la provincia de Darién, y luego de regreso a la ciudad. Organizaciones de derechos humanos denuncian que muchos migrantes—especialmente mujeres y menores—están expuestos a riesgos de abuso y explotación por su estatus legal incierto, falta de recursos económicos y desconocimiento del idioma español.
Una situación similar se vive en Costa Rica, donde cerca de 100 menores de edad enfrentan condiciones vulnerables. En junio, la Corte Constitucional costarricense ordenó la liberación de los migrantes retenidos en albergues temporales, acusando al gobierno de violar sus derechos al no ofrecer asesoría legal ni claridad sobre su estatus migratorio.
Shaheen también subrayó que, hasta la fecha, el Congreso no ha recibido los acuerdos específicos bajo los cuales se ejecutaron estas deportaciones. Citando el Case-Zablocki Act, la senadora exigió el envío de todos los textos, acuerdos de implementación y documentos vinculantes o no vinculantes firmados con los gobiernos de Panamá y Costa Rica desde el 20 de enero de 2025.
En la carta, Shaheen cuestiona qué tipo de asistencia brindó el gobierno estadounidense a los migrantes o a los países receptores y qué medidas se tomaron para proteger a los grupos más vulnerables, como mujeres y niños, de redes de trata o crimen organizado.
La senadora concluyó instando a una respuesta inmediata y remarcando la responsabilidad humanitaria y legal de Estados Unidos frente a estas personas.
