En el marco de su visita oficial a Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó inspecciones en los centros de detención Mariscal Zavala y Zona 18, donde se reunió con personas privadas de libertad que han sido identificadas como posibles víctimas de criminalización y persecución con motivaciones políticas.
Durante su recorrido en Mariscal Zavala, la delegación de la CIDH sostuvo encuentros con el periodista José Rubén Zamora, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por el organismo, así como con el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y los líderes indígenas Luis Haroldo Pacheco y Héctor Manuel Chaclán. Posteriormente, en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, visitaron al abogado Eduardo Masaya y al defensor de derechos humanos Jorge Santos.
Estas visitas forman parte del seguimiento que la Comisión realiza a denuncias relacionadas con el uso indebido del derecho penal para perseguir a actores sociales y políticos, especialmente en el contexto de las elecciones generales de 2023. La CIDH ha manifestado anteriormente su preocupación por lo que considera un patrón sostenido de judicialización arbitraria contra quienes participaron en movilizaciones pacíficas o ejercieron funciones en defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción y la garantía de derechos fundamentales.
En el marco de su visita a #Guatemala, la #CIDH visitó los centros de detención Mariscal Zavala y Zona 18. En Mariscal Zavala, la delegación se reunió con el periodista Rubén Zamora, beneficiario de #MedidasCautelares, así como con Stuardo Campo, exfiscal anticorrupción, y los… pic.twitter.com/EhwM4OuCqe
— CIDH – IACHR (@CIDH) June 5, 2025
En una declaración pública, la CIDH expresó en abril su rechazo al uso político de la función investigativa del Ministerio Público de Guatemala, señalando que esta práctica representa una amenaza al Estado democrático de derecho. El organismo también advirtió sobre la criminalización de autoridades indígenas que lideraron protestas sociales durante 2023 en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas.
Los líderes indígenas Pacheco y Chaclán fueron detenidos el pasado 23 de abril por orden del Ministerio Público, bajo cargos como sedición, terrorismo y obstrucción a la justicia, entre otros. Las detenciones se relacionan con los bloqueos realizados durante las jornadas de protesta que exigieron el respeto al resultado electoral. La investigación permanece bajo reserva judicial.
La CIDH ha señalado en sus informes que estas prácticas forman parte de un patrón sistemático de instrumentalización del sistema penal, que incluye el uso de figuras delictivas ambiguas, abuso de la prisión preventiva y falta de transparencia procesal. Asimismo, el organismo destaca que estas acciones debilitan la independencia judicial y profundizan la crisis institucional en el país.
I was very honored to express @anticorruption ‘s full solidarity to José Rubén Zamora, the so impressive investigative journalist unduly imprisoned in Guatemala. The judiciary power should prosecute the corrupt, not those fighting corruption. @ManfredoGuate @AcGuatemala pic.twitter.com/NtZq4FMS1i
— Francois Valerian (@FrancoisValeri3) June 5, 2025
En su declaración, la Comisión reiteró el llamado a las autoridades guatemaltecas para que se garantice una revisión independiente del actuar del Ministerio Público y se aseguren mecanismos adecuados de rendición de cuentas para su alta dirección, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Además, la CIDH enfatizó que el derecho a la protesta pacífica es un pilar esencial de la democracia y que su criminalización genera un efecto intimidatorio que pone en riesgo la participación ciudadana y la libre determinación de los pueblos indígenas.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reiteró su compromiso con el monitoreo de la situación en Guatemala y continuará evaluando las condiciones de respeto a los derechos humanos en el país.
