La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al presidente Donald Trump a revocar de forma masiva el programa de parole humanitario CHNV, que protegía temporalmente a más de 500,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Con esta decisión, el máximo tribunal estadounidense levantó la orden de una corte federal que había bloqueado la eliminación del programa, creado bajo la administración de Joe Biden entre 2022 y 2023, como una vía legal para frenar la migración irregular. Aunque no es un fallo definitivo, la Corte permite al gobierno proceder mientras continúa el litigio legal.
CHNV (por sus siglas en inglés) otorgaba a los beneficiarios la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante dos años, siempre que contaran con un patrocinador financiero dentro del país. Desde su implementación, más de 532,000 personas recibieron este estatus.
La revocación masiva, que entró en vigor el pasado 24 de abril por orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, forma parte de la política migratoria de Trump, quien ha prometido endurecer el control fronterizo durante su actual mandato.
Sin embargo, organizaciones civiles y 23 demandantes, incluidos beneficiarios del programa, impugnaron la medida en un tribunal federal de Boston. La jueza Indira Talwani consideró que la revocación debía hacerse caso por caso, como establece la ley, y no de forma generalizada.
“La vida de medio millón de migrantes se desmorona antes de que las cortes resuelvan sus argumentos legales”, escribió la jueza Ketanji Brown Jackson en su disenso, respaldada por la magistrada Sonia Sotomayor.
Los abogados de los migrantes advirtieron que sin esta protección, cientos de miles de personas quedarían indocumentadas, sin permiso de trabajo y expuestas a una deportación expedita.
“La administración ha causado el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos”, denunciaron en sus alegatos.
La administración Trump defendió que el parole humanitario fue otorgado en bloque y que no está obligada a analizar cada caso por separado. El fiscal general D. John Sauer aseguró que el fallo del tribunal de Boston anulaba “una de las decisiones más importantes en política migratoria” del gobierno y “debilita las facultades del poder Ejecutivo”.
Este caso se suma a una larga lista de recursos de emergencia que el presidente Trump ha presentado ante la Corte Suprema para avanzar con su agenda migratoria, entre ellos, el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos, una medida que ha sido detenida por otros tribunales.
Desde 1952, la ley de inmigración estadounidense permite otorgar permisos por razones humanitarias. Bajo Biden, se utilizó esta facultad con más frecuencia que cualquier otro gobierno anterior, en respuesta al incremento de migrantes en la frontera sur. Sin embargo, la administración Trump se convirtió en la primera en revocar de manera masiva dichos permisos, argumentando la necesidad de restaurar el orden migratorio en el país.
