Junio, julio y agosto serán meses especialmente difíciles para miles de familias hondureñas debido al limitado acceso a alimentos. Así lo advierte el más reciente análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), que evalúa la inseguridad alimentaria aguda en Honduras.
De acuerdo con el informe, al menos 1.7 millones de personas enfrentarán condiciones de crisis o emergencia alimentaria en los próximos meses.
El análisis, publicado a finales de abril, estima que aproximadamente 1.6 millones de personas, equivalente al 16% de la población, estarán clasificadas en la Fase 3 (crisis), mientras que unas 92,000 personas que son alrededor del 1%, estarán en la Fase 4 (emergencia).
Durante este período, se espera que diez departamentos, entre ellos la Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Comayagua, El Paraíso y Olancho, junto con el Distrito Central, presenten un nivel acentuado de inseguridad alimentaria. El resto del país será clasificado en situación de crisis.
El informe también destaca un deterioro particular en el llamado corredor seco, donde las reservas de alimentos han disminuido significativamente y la cosecha de café ha concluido, aumentando la vulnerabilidad de muchas familias rurales.
Joselino Pacheco, director de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), explicó que la baja actividad agrícola y la limitada generación de empleo hacen que los meses de junio, julio y agosto sean especialmente críticos.
“Este período también se caracteriza por una baja empleabilidad en el campo, ya que normalmente están comenzando los ciclos de siembra y se viene de una época donde la actividad productiva es menor. Todo eso reduce los ingresos de las familias rurales, lo que incrementa los casos de inseguridad alimentaria”, indicó Pacheco.
Como medida de mitigación, el funcionario señaló que a través del programa de bonos para la producción han beneficiado a unas 550,000 familias, entre pequeños caficultores y ganaderos. Estos bonos representan una ayuda que puede rondar los L3,000 a L5,000 ( aproximadamente entre $121 a $202) por familia, dependiendo del rubro y la zona.
Ante dicha aseveración, Pacheco aclaró que no todas las familias afectadas por la inseguridad alimentaria son productoras agrícolas, por lo que el incremento en la producción por sí solo no es suficiente para resolver la problemática estructural.
