La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó el proyecto de ley 235, una iniciativa que proponía conceder amnistía política a personas procesadas o condenadas en tres sonados casos de corrupción en Panamá: Blue Apple, New Business y Odebrecht.
La votación terminó con 5 diputados en contra y sólo 2 a favor, ambos pertenecientes al partido oficialista Realizando Metas (RM): Luis Eduardo Camacho y Ariel Vallarino. El resto de los comisionados —Roberto Zúñiga, José Pérez Barboni, Manuel Cheng, Crispiano Adames y la suplente de Francisco Brea— votaron en contra de la propuesta.
RM es el partido de Martinelli.
El polémico proyecto de Ley 235 sobre amnistía fue rechazado con cinco votos en contra por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
La iniciativa buscaba beneficiar a personas condenadas en casos de alto perfil, entre ellos, el… pic.twitter.com/WOe9ojTVdn
— Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2025
A pesar del rechazo, Camacho y Vallarino anunciaron que presentarán un informe de minoría ante el pleno legislativo, con la esperanza de resucitar el debate.
Un debate intenso y cargado de tensión
La sesión, declarada permanente desde el mediodía, se desarrolló en un ambiente cargado. La sala estuvo repleta de simpatizantes del expresidente Ricardo Martinelli, representantes de la sociedad civil y otros diputados.
Durante la jornada, Camacho y Vallarino propusieron eliminar dos artículos del proyecto (el 4 y el 6), en un intento por modificar su contenido original.
El diputado José Pérez Barboni (Movimiento Otro Camino) fue enfático al afirmar que el proyecto confunde delitos comunes con delitos políticos.
A su juicio, se trataba de una iniciativa con vacíos legales ya aclarados previamente por la Corte Suprema de Justicia. “Aprobar esto sería utilizar mal la figura de la amnistía”, advirtió.
Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, coincidió en que el proyecto representaba una amenaza al Estado de derecho. “No podemos legalizar la impunidad”, dijo, subrayando que este tipo de iniciativas generan desconfianza en el sistema judicial y afectan la imagen del país ante potenciales inversionistas.
Ambos diputados recordaron que la jurisprudencia nacional distingue claramente entre delitos políticos —aquellos que atentan contra el Estado— y los delitos comunes, como la corrupción o el blanqueo de capitales, los cuales están contemplados en el Código Penal.
Camacho defiende el proyecto: “Esto es combatir la corrupción”
El diputado Camacho, presidente de la comisión, defendió la propuesta y rechazó las acusaciones de promover impunidad. “No acepto que se me acuse de favorecer la corrupción. Lo que estamos haciendo es combatirla, porque corrupción también es usar el sistema judicial para perseguir políticamente”, expresó, apelando a su trayectoria de 50 años en la política.
Durante el debate, retó a sus colegas a citar un artículo específico de la Constitución o del Código Penal que defina los delitos políticos en Panamá. Barboni y Zúñiga respondieron que existe jurisprudencia constitucional y convenios internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que abordan esta materia.
Varela también sería beneficiado
Un momento tenso ocurrió cuando el diputado Manuel Cheng preguntó por qué el proyecto también favorecía al expresidente Juan Carlos Varela, imputado en el caso Odebrecht, cuando el propio Camacho ha señalado que fue durante el gobierno de Varela que comenzaron las supuestas persecuciones políticas. Camacho respondió tajantemente: “No soy el proponente del proyecto, pero no me importa si Varela se beneficia”.
La iniciativa proponía conceder una amnistía general a todas las personas condenadas o procesadas en los casos New Business, Blue Apple y Odebrecht. Esto habría beneficiado directamente al expresidente Martinelli —ya condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business—, así como a otros investigados y procesados, algunos de los cuales aún no han enfrentado juicio.
El artículo 1 del proyecto planteaba expresamente: “Se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas, o resulten procesadas, dentro de los casos identificados como New Business, Odebrecht y Blue Apple”.
Por ahora, el intento de impulsar esta polémica ley ha sido frenado. Sin embargo, la presentación del informe de minoría deja la puerta abierta para que el debate llegue al pleno legislativo y continúe en los próximos días.
