En uno de sus discursos más extensos, agresivos y virulento de los últimos años, la co-dictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, reaccionó este 1 de abril con una retórica cargada de resentimiento, odio y fanatismo místico ante el creciente aislamiento internacional del régimen Ortega-Murillo, al cumplirse siete años del inicio de las protestas ciudadanas de abril de 2018.
Durante más de 20 minutos en cadena nacional, Murillo repitió obsesivamente la frase “Siete Años” como anclaje de una narrativa que mezcla religiosidad, lenguaje apocalíptico y deshumanización del adversario.
Se refirió a sacerdotes, periodistas, líderes opositores y a miles de manifestantes como “demonios”, “diablos pro-imperialistas”, “vándalos tranqueros” y “mentecatos al servicio del Infierno”.
El discurso ocurre en un contexto de renovadas denuncias internacionales contra el régimen familia Ortega Murillo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 355 personas fueron asesinadas durante la represión de las protestas entre abril y septiembre de 2018.
La mayoría eran jóvenes, estudiantes y campesinos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, disparos a quemarropa y ataques con armas de guerra por parte de la policía, militares, francotiradores y grupos paramilitares afines al gobierno.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concluyó en su informe de marzo de 2024 que Rosario Murillo y Daniel Ortega cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, encarcelamiento arbitrario, tortura, violencia sexual, persecución política y desapariciones forzadas.
El informe indica que estos crímenes “fueron cometidos como parte de una política deliberada para silenciar a la oposición”.
Por su parte, el Parlamento Europeo ha calificado a Nicaragua como una “dictadura consolidada” y ha exigido sanciones más severas y juicio ante la Corte Penal Internacional contra los miembros del círculo de poder del régimen, incluidos los hijos de Ortega y Murillo, por su rol en la administración represiva y en operaciones de lavado de dinero y corrupción.
Escarnio público y rechazo popular en redes
Aunque Murillo se presenta en televisión con un discurso mesiánico, como portavoz de la supuesta “Paz victoriosa” y protectora espiritual del pueblo, su figura es objeto de constante escarnio público en redes sociales.
En TikTok, Facebook, X (antes Twitter) y YouTube abundan los memes, montajes y parodias que ridiculizan su vestimenta estrafalaria y sobrecargada, sus accesorios esotéricos, su retórica repetitiva y, especialmente, su deteriorado aspecto físico y salud bucal.
Su forma de hablar, sus frases místicas (“el sol esplendoroso brilla para tod@s”, “el espíritu revolucionario y evolutivo”) y su estilo barroco, se han convertido en fuente constante de videos virales y sátiras, incluso entre ciudadanos que evitan posicionamientos políticos directos por miedo a represalias.
Las bromas, aunque burlonas, son también una válvula de escape simbólica ante un entorno de censura, vigilancia digital y represión, donde expresar abiertamente opiniones políticas puede costar cárcel, exilio o la pérdida del empleo.
La dictadura que se declara “en paz”
Murillo repitió en su alocución que en Nicaragua “reina la paz”, una afirmación que contrasta con el exilio forzado de más de 600 mil personas desde 2018, según estimaciones de agencias internacionales y organismos de derechos humanos.
Solo entre 2021 y 2023, más de 300 periodistas y comunicadores se vieron obligados a huir del país, mientras decenas de medios fueron clausurados o confiscados.
De igual modo, cientos de sacerdotes han sido detenidos, desterrados, perseguidos, criminalizados y confiscados, en una guerra demencial contra la Iglesia Católica que llevó al mismísimo papa Francisco a tomar bando y calificar a Ortega de “desequilibrado” y compararlo con lo peor del nazismo y el comunismo.
En el mismo discurso, la vicepresidenta anunció que la Asamblea Nacional —controlada en su totalidad por el oficialismo— aprobó una ley para declarar abril como el “Mes del Pueblo Victorioso que defiende la Paz”, reinterpretando los hechos de 2018 como una “victoria sobre el odio”.
Mientras tanto, el informe más reciente del Grupo de Expertos de la ONU sostiene que el aparato de seguridad e inteligencia del Estado nicaragüense —que Murillo comanda junto a Ortega— continúa realizando detenciones arbitrarias, seguimiento y hostigamiento contra familiares de presos políticos, sacerdotes y exiliados, incluso fuera del país.
A siete años de la insurrección cívica de abril, Rosario Murillo parece aferrarse a un relato delirante, en el que las víctimas son los verdugos y la represión es presentada como un acto de redención nacional.
Con un discurso cada vez más aislado del lenguaje democrático, la co-dictadora se parapeta en una mística del poder, mientras la condena internacional crece, y el rechazo popular se expresa en formas cada vez más creativas, aunque peligrosas, de resistencia simbólica y digital.
