Mientras diversos organismos internacionales exigen que los dictadores de Nicaragua Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus principales operadores respondan ante la justicia por crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos laborales y sindicales podrían ser la primera vía legal para llevarlos ante tribunales internacionales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha activado su máximo mecanismo de investigación contra Nicaragua, un proceso que, de persistir la falta de cooperación del régimen, podría escalar hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
El Consejo de Administración de la OIT, reunido en Ginebra desde el 10 de marzo, aprobó la creación de una Comisión de Encuesta para investigar las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores y empresarios en Nicaragua.
Se trata del mecanismo más severo del organismo y se activa solo en casos graves de incumplimiento de los convenios internacionales del trabajo.
En más de un siglo de existencia, la OIT solo ha recurrido a este procedimiento en 14 ocasiones, dos de ellas contra Nicaragua: la primera en los años 80, durante el primer régimen militar sandinista de Ortega, y ahora, ante las represiones actuales.
A pesar de que el régimen anunció en febrero su salida de la OIT, el reglamento del organismo establece que Nicaragua seguirá vinculada a sus compromisos internacionales por dos años más, lo que mantiene en curso la investigación sin interrupciones.
Un historial de violaciones y represalias contra el sector privado
La denuncia de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en 2023 acusa al régimen de Ortega de violar cuatro convenios clave de la OIT, afectando la libertad sindical, la negociación colectiva, la prohibición de la discriminación laboral y el diálogo tripartito, lo que evidencia un grave deterioro de los derechos laborales en Nicaragua.
El documento cita el acoso, detenciones arbitrarias y agresiones físicas contra líderes empresariales como José Adán Aguerri, Michael Healy (fallecido en el exilio) y Álvaro Vargas, así como la cancelación de la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la confiscación de sus activos.
Además, se denuncian campañas de difamación impulsadas por el régimen contra cámaras empresariales y la imposición unilateral de políticas económicas sin diálogo tripartito.
La OIT intentó establecer un canal de comunicación con el gobierno nicaragüense, pero no obtuvo respuesta. En noviembre de 2024, decidió enviar una misión tripartita de alto nivel para evaluar la situación, sin éxito.
Ante la negativa del régimen a cooperar, el Consejo de Administración aprobó ahora la Comisión de Encuesta, el paso previo a la intervención de la CIJ.
Ortega sin aliados en la OIT: fracaso de su estrategia
Para un empresario nicaragüense en el exilio, que prefirió mantenerse en el anonimato, la creación de la Comisión de Encuesta representa una derrota política para el régimen, que durante años intentó proyectar una imagen de estabilidad económica y respeto al diálogo social.
“El respaldo de los trabajadores fue total. La comunidad internacional, desde gobiernos hasta organismos de derechos humanos y empresarios, sigue denunciando el verdadero rostro del régimen”, afirmó el empresario.
A diferencia de la Comisión de Encuesta de 1989, que sí pudo ingresar a Nicaragua, en esta ocasión se prevé que el régimen impida el acceso a los investigadores.
En ese caso, la Comisión operará desde un país vecino y elaborará un informe detallado sobre sus hallazgos y recomendaciones, que serán remitidos al director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo. Ortega y Murillo tendrán tres meses para responder, de lo contrario, el caso podría remitirse a la CIJ.
El artículo 29 de la Constitución de la OIT establece que si un país no acata las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, el caso puede elevarse a la CIJ, cuyas decisiones son inapelables.
Retiradas estratégicas: la política de aislamiento de Ortega
El régimen ha recurrido a la estrategia de autoexclusión de organismos internacionales cada vez que no logra imponer su narrativa o controlar sus decisiones. Nicaragua abandonó la OEA en 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 y la OIT en 2025.
Además, en respuesta a informes críticos sobre la migración nicaragüense y el uso de su territorio como ruta de tránsito para migrantes cubanos hacia EE.UU., el régimen también anunció su salida de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en febrero.
La dictadura de Ortega y Murillo enfrenta un creciente aislamiento internacional. Mientras organismos como la ONU y la OEA siguen documentando crímenes de lesa humanidad y persecución política, la OIT ha dado un paso firme hacia la justicia internacional a través de un proceso que podría llevar a la dictadura ante los tribunales de La Haya.
