Juan Bautista Silva y su hijo Antonio Silva, fueron asesinados en la comunidad de Las Botijas, en el departamento de Comayagua, al norte de Tegucigalpa.
La noticia fue confirmada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), que condenó el crimen y destacó que ambos eran conocidos defensores de la protección y conservación del medio ambiente en la región.
El ICF, a través de un comunicado, expresó su profundo pesar por la muerte de los Silva, quienes dedicaron su vida a la defensa de los recursos naturales y los bosques en la zona.
Según reportes de medios locales, los activistas habían sido reportados como desaparecidos antes de que, horas después, las autoridades encontraran sus cuerpos desmembrados en un área boscosa a unos 40 km al norte de la capital. La zona donde ocurrió el crimen es parte de un régimen especial de manejo forestal, asignado a una cooperativa agroforestal, y ha sido objeto de amenazas por parte de grupos ilícitos interesados en desarrollar proyectos urbanísticos en la región.
El ICF exigió que las autoridades pertinentes realicen una investigación exhaustiva para identificar y llevar a juicio a los responsables de este crimen, al mismo tiempo que pidió reforzar la protección y seguridad para quienes denuncian delitos ambientales en el país. En el último año, Honduras ha registrado un aumento en la violencia contra activistas ambientales, lo que ha puesto al país en una de las posiciones más altas de riesgo para defensores del medio ambiente, según datos de la ONG Global Witness.
En su informe de 2023, Honduras ocupó el cuarto lugar mundial con 18 asesinatos de activistas, después de Colombia, Brasil y México.
Este asesinato se suma a una serie de ataques a defensores de la naturaleza en Honduras.
Uno de los casos más conocidos es el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016, cuyo caso resultó en condenas para ocho personas.
En 2024, otro defensor, Juan López, también fue asesinado en el noreste del país, donde luchaba contra la minería a cielo abierto.
El ICF también destacó que la zona donde se registró el asesinato, Carías Bermúdez en el sector Zambrano, es un bien del Estado hondureño administrado por el Instituto, bajo un régimen de manejo forestal sostenible.
Sin embargo, las actividades de la cooperativa agroforestal han sido severamente amenazadas en la última década por la invasión de tierras y actividades ilegales, como incendios forestales, tala ilegal y ganadería extensiva, realizadas por grupos criminales que buscan facilitar la ocupación ilegal de tierras.
