Aunque la Junta Directiva del Congreso insiste en que aún no se ha tomado una decisión respecto al aumento salarial para los diputados, un acta fechada el 4 de febrero revela que la medida ya fue aprobada.
El acta 10-2025, firmada por algunos miembros de la directiva, establece que el incremento a $6,030 como sueldo base para cada legislador sería efectivo a partir de este mes.
Este aumento fue inicialmente aprobado en el presupuesto del Organismo Legislativo en noviembre de 2024, pero la Corte Constitucionalidad (CC) intervino, exigiendo que la decisión fuera sometida al pleno del Congreso antes de poder implementarse. Sin embargo, hasta el 26 de febrero, la discusión en el pleno no ha ocurrido.
En medio de declaraciones confusas de los directivos, como las del presidente Nery Ramos y la primera secretaria Karina Paz, quienes afirmaron que el incremento aún se está evaluando, Prensa Libre tuvo acceso exclusivo al acta 10-2025.
Este documento confirma que el 4 de febrero la Junta Directiva aprobó el aumento y ordenó hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con el pago de los nuevos salarios.
La firma del acta se realizó en ausencia del presidente Ramos, bajo la presidencia de Jorge Castro, quien lideró la reunión en ese momento.
La aprobación se basó en los dictámenes de la Dirección General Financiera y de Recursos Humanos, los cuales confirmaron que el Congreso disponía de los fondos necesarios para cubrir el aumento.
¿Cuánto ganarán los diputados?
El salario mensual de los diputados pasará a ser de $6,030. Esta cifra fue calculada a partir de un estudio comparativo con los magistrados de la Corte de Apelaciones, como parte de una consulta realizada por el Congreso al Organismo Judicial (OJ).
El gerente general del OJ, Lester Reina González, respondió el 3 de febrero, detallando el salario base de los magistrados, el cual fue adoptado como base para el ajuste salarial de los diputados.
A pesar de la aprobación administrativa del aumento, la Corte Constitucionalidad exigió que el incremento fuera confirmado o rechazado por el pleno del Congreso, y no fuera delegado exclusivamente a la Junta Directiva, como ocurrió con las decisiones previas. Fuentes cercanas a la CC señalaron que algunos diputados argumentaron que el aumento no requería de una discusión en el pleno, ya que consideraban que se trataba de una “decisión administrativa”. Sin embargo, la CC se pronunció a través de un comunicado, aclarando que no validaron el aumento y establecieron una serie de procedimientos para su ratificación.
En este contexto, la Corte advirtió que en caso de no cumplirse sus órdenes, tiene la facultad de actuar de oficio para garantizar que se cumpla con las disposiciones constitucionales.
