El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica reveló presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves Robles, tras ordenar el levantamiento del secreto bancario del mandatario.
La investigación, que involucra estructuras paralelas de financiamiento y donaciones sospechosas, ha generado conmoción en el país.
El TSE detectó que Chaves, además de candidato, fungió como financista y vocero del fideicomiso “Costa Rica Próspera”, una estructura paralela utilizada para captar fondos en beneficio del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Asimismo, el informe del organismo electoral sugiere que el presidente pudo haber estado al tanto de otra estructura de financiamiento liderada por el empresario Jack Loeb y Sofía Agüero, hija del diputado Waldo Agüero.
Dicho mecanismo, al operar fuera del control del partido y sin reportarse al TSE, podría constituir un delito según el Código Electoral.
Entre los hallazgos del informe del TSE se destacan varias transacciones financieras sospechosas.
En febrero de 2021, Chaves recibió una transferencia de $15,000 con la descripción “Rodrigo Chaves/donación fideicomiso”.
En setiembre de ese mismo año, el mandatario utilizó $6,000 de la misma cuenta para pagar el Hotel Corobicí, sede de la asamblea partidaria del PPSD.
Adicionalmente, se identificaron al menos cinco movimientos financieros por un total de $37,000 entre sus cuentas en dólares y colones, con registros de salida bajo la descripción de “donación y préstamo”.
Otro punto crítico del informe se centra en una transacción ocurrida el 23 de noviembre de 2021, cuando Chaves recibió un depósito de 6 millones de colones de parte de Emanuel Figueroa.
Al día siguiente, el mandatario realizó un préstamo al PPSD por la misma cantidad. Sin embargo, el TSE identificó que antes de recibir el depósito de Figueroa, Chaves no contaba con los fondos para hacer dicha transacción.
El informe también menciona que los análisis de solvencia económica de donantes y prestamistas permitieron identificar presuntas donaciones por “interpósita mano”, una práctica que busca evadir los controles establecidos por el TSE.
“Cualquier donación a un candidato debe ser tramitada a través del partido político correspondiente”, recuerda el documento.
La investigación ya fue remitida al Ministerio Público y no solo involucra a Chaves, sino también al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André, a los diputados Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar, y al empresario Jack Loeb, entre otros donantes y participantes del fideicomiso “Costa Rica Próspera”.
Se espera que el Ministerio Público determine las eventuales responsabilidades legales derivadas de estos hallazgos.
