La exprimera dama salvadoreña, Vanda Pignato, fue condenada a 3 años de prisión excarcelables por simulación de delito, mientras que otros exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) recibieron penas de hasta 13 años.
Los acusados enfrentaron cargos por peculado (malversación de fondos públicos), lavado de dinero y activos y encubrimiento, entre otros delitos.
Declaraciones de la ex primera dama, Vanda Pignato luego de la lectura del fallo en el caso “Saqueo Público”. pic.twitter.com/3PZCT7akQR
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La Fiscalía General acusó a los imputados de desviar más de $351 millones de las arcas del Estado durante la administración de Funes, quien permanece prófugo en Nicaragua con la calidad de asilado político.
El juicio, que concluyó el 7 de noviembre de 2023, había sido pospuesto en ocho ocasiones, lo que prolongó la espera de las víctimas y la sociedad salvadoreña por justicia.
Detalles de las sentencias
Pignato fue absuelta del cargo de lavado de dinero, pero hallada culpable de simulación de delitos. Por este se le impuso una pena de tres años de prisión, los cuales serán sustituidos por trabajos comunitarios.
José Miguel Antonio Menéndez Avelar, mejor conocido como “Mecafé”, quien fuera presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones y uno de los hombres de confianza del expresidente Funes, fue sentenciado a seis años de prisión por defraudación fiscal, además de una multa civil de más de $180,000.
Manuel Rivera Castro, expresidente del estatal Banco Hipotecario, fue hallado culpable de peculado y condenado a 8 años de cárcel por este delito. Adicionalmente, recibió una sentencia de 5 años de prisión por lavado de dinero.
David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, fue sentenciado a 8 años de prisión por su responsabilidad en el lavado de dinero.
En la misma pena fue incluido Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Funes, quien también fue hallado culpable de lavado de dinero.
Declaraciones de David Rivas, ex Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, fue condenado a 8 años de cárcel, por Lavado de Dinero, por el Tribunal Primero de Sentencia en el Caso Saqueo Público.
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El juicio estuvo marcado por una extensa recopilación de pruebas, que incluyó más de 25 peritajes financieros y diversos testimonios.
Estas evidencias demostraron cómo los acusados utilizaron sus posiciones en el gobierno para facilitar el desvío de fondos públicos.
El desvío de fondos y el papel del expresidente Funes
Según el Ministerio Público, los imputados abrieron cuentas bancarias en el Banco Hipotecario con el objetivo de desviar fondos mediante cheques, un esquema que permitió la transferencia de al menos $270 millones a cuentas personales del expresidente Mauricio Funes. Funes, sin embargo, no participó en este juicio, ya que fue declarado rebelde por el tribunal por no comparecer ni nombrar un abogado en su defensa.
El proceso judicial comenzó en 2022, cuando el tribunal decidió enviar a juicio a los acusados, a pesar de los informes de la Corte de Cuentas de la República que, según uno de los abogados defensores, habían concluido que el uso de los fondos reservados por parte del gobierno de Funes era “razonable”.
No obstante, el Ministerio Público sostuvo que dichos fondos fueron malversados y desviados para beneficio personal de los involucrados.
El caso es conocido como “Saqueo Público”, uno de los más significativos en la historia reciente de El Salvador, pues revela el grado de corrupción dentro de las altas esferas del gobierno de Funes, quien sigue siendo un personaje clave en esta trama de desvío de recursos públicos.
