El Gobierno de Costa Rica, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, decidió suspender temporalmente la polémica contratación de una póliza de responsabilidad civil para el mandatario y otros altos funcionarios del Ejecutivo.
La póliza, propuesta por el Ministro de Hacienda y gestionada por el estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), tenía un costo de $456,000 dólares (248,3 millones de colones) y buscaba cubrir a los jerarcas frente a posibles demandas derivadas de sus decisiones.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, quien señaló que la medida se suspende mientras se consulta la posición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta decisión llega luego de que la Contraloría General de la República (CGR) determinara que dicha póliza debía ser costeada por los propios jerarcas y no con fondos públicos.
Desde su ascenso al poder en 2022, Rodrigo Chaves acumula 60 investigaciones abiertas en el Ministerio Público.
De ellas, siete ya tienen solicitud de desestimación y nueve se acumularon a expedientes que ya estaban activos, porque trataban cuestiones similares. Quedan entonces 44 casos activos.
La posición de la Contraloría y el cuestionamiento de la póliza
La Contraloría había sentenciado la semana pasada que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, todo funcionario encargado de manejar fondos y valores públicos debe costear su propia póliza de responsabilidad civil con su peculio.
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🚨🚨🚨🚨🚨🚨Es la PRIMERA VEZ que un gobierno de turno contrata una póliza que los proteja de responsabilidades civiles, la póliza cubre a 65 ex funcionarios y funcionarios del NARCO-GOBIERNO de @RodrigoChavesR.
Una absoluta ASQUEROSIDAD, un DESCARO.
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Esta garantía debe ser en favor de la Hacienda Pública, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus funciones.
El Gobierno, no obstante, busca contrarrestar esta interpretación con una opinión emitida en febrero de este año por la PGR, en la que se indica que el Estado debe presupuestar los seguros necesarios para satisfacer sus necesidades.
Esta postura fue dirigida a la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y se basaba en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que establece que el Estado debe contratar los seguros requeridos para su correcto funcionamiento.
“Para salvar cualquier duda, vamos a volver a consultar a la PGR sobre cómo deberíamos aplicar la norma”, aseguró Acosta en una conferencia de prensa.
El ministro defendió la necesidad de la póliza alegando que los jerarcas “necesitan tomar decisiones importantes” y que esta no cubriría casos de dolo o fraude.
Críticas desde el Legislativo y el ámbito legal
Además de la Contraloría, varios diputados de la oposición han criticado duramente la contratación de la póliza, afirmando que debe ser costeada personalmente por cada jerarca.
Esta tesis también ha sido respaldada por expertos en derecho constitucional, quienes coinciden en que no es adecuado que el Estado asuma los costos de proteger a los funcionarios por sus decisiones administrativas o legales.
El contrato, gestionado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), tenía como objetivo asegurar a Chaves, los vicepresidentes Mary Munive y Stephan Brunner, así como a los ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo.
Se trata de la primera vez que un Gobierno costarricense gestionaba un seguro de este tipo para sus jerarcas.
¿Qué cubría la póliza?
La póliza propuesta tendría una vigencia anual y contemplaba cubrir gastos y costas legales, costos de defensa, emergencias y atención de crisis, así como protección de la reputación de los funcionarios.
Se extendía a 65 funcionarios, incluyendo directores y oficiales retirados. Asimismo, contemplaba otros gastos, como fianzas, procesos de extradición, sanciones civiles, y violaciones ambientales, entre otros.
El límite de responsabilidad establecido era de $500,000 dólares por persona asegurada, pero se especificaba que ciertos delitos graves, como soborno, lavado de dinero y litigios previos, estarían excluidos de la cobertura.
En su justificación, el Ministerio de Hacienda argumentaba que el seguro era necesario para “resguardar las decisiones” de los funcionarios y evitar que el Estado se viera afectado por las demandas judiciales derivadas de las acciones de sus jerarcas.
“Es razonable que el Estado pueda dotar de defensa técnica de alto nivel a los jerarcas demandados para que puedan defender sus actuaciones dirigidas a satisfacer no solo el interés público, sino también a la ciudadanía”, afirmaba el Gobierno en la justificación del gasto.
En medio de múltiples causas contra el presidente
El presidente Chaves, que asumió el poder en mayo de 2022, ha tomado una serie de medidas cuestionadas por diversos sectores que lo han denunciado formalmente 60 veces, una marca inédita en la historia democrática del país.
Estas incluyen denuncias y querellas tanto por acciones administrativas como personales, lo que ha puesto un foco de atención sobre los límites de protección legal para el mandatario y su equipo de gobierno.
La pausa en la contratación de esta póliza llega en un momento crítico para la administración de Chaves, que ha enfrentado constantes críticas por decisiones consideradas controversiales en temas como la reforma fiscal y las relaciones con los sindicatos.
Expectativas por la resolución de la PGR
A la espera de la consulta a la Procuraduría General, queda por verse si el Gobierno podrá justificar el uso de fondos públicos para la contratación de la póliza o si, como ha sentenciado la Contraloría y el Legislativo, será cada jerarca quien deba asumir los costos de su propia protección legal.
Mientras tanto, el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios y la transparencia en el uso de recursos estatales sigue latente en el escenario político costarricense.
“Un hombre que asegura que compró una casa en un millón de dólares en efectivo no debería buscar la protección del Estado para responder por sus decisiones como funcionario público”, cuestionaron diputados en el Congreso.
