La dictadura de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha declarado de utilidad pública 35 propiedades en Managua, la capital de Nicaragua, en lo que se interpreta como un nuevo capítulo de confiscaciones y saqueo de propiedades privadas de opositores políticos.
Esta medida se oficializó mediante el Acuerdo Administrativo 38-2024 de la Procuraduría General de la dictadura (PGR), publicado el miércoles en el diario oficial La Gaceta.
El documento justifica la medida bajo el argumento de que las propiedades, que supuestamente se encuentran en estado de abandono, podrían ser utilizadas para “perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana”.
Las extensiones de las propiedades confiscadas varían entre 207 y 2,309 metros cuadrados.
El acuerdo establece que todos los derechos reales sobre las propiedades quedan a favor del régimen de Nicaragua, designando a la PGR como la entidad encargada de ejecutar la expropiación.
Sin embargo, la medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian que se trata de confiscaciones disfrazadas de expropiaciones.
Denuncias de violaciones constitucionales
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, destacó que el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe expresamente la confiscación de bienes privados.
Recordó que se permite solo la expropiación por razones de utilidad pública o social, y siempre que haya una indemnización justa.
Según Carrión, la medida anunciada por el régimen Ortega-Murillo incumple estas garantías al no incluir un proceso adecuado que permita a los afectados defender sus derechos.
“Hoy la dictadura anunció la expropiación de más de 30 propiedades bajo pretextos de seguridad nacional y crímenes que no han sido comprobados, pero lo que realmente está haciendo es continuar con una política de confiscación arbitraria. Esto es una continuación del despojo sistemático que hemos visto, como ocurrió con la cancelación de la nacionalidad y la confiscación de bienes de opositores y organizaciones civiles”.
Gonzalo Carrión, defensor de Derechos Humanos
Carrión advirtió que este nuevo decreto podría ser el inicio de una nueva oleada de confiscaciones dirigidas contra los nicaragüenses en el exilio, cuyas propiedades estarían en riesgo de ser consideradas “abandonadas” por el régimen.
“Lo que está ocurriendo no es solo un despojo, sino un verdadero robo institucionalizado”, sentenció.
Contexto de confiscaciones y persecución política
Desde el inicio de la crisis política en Nicaragua en 2018, el régimen sandinista ha intensificado su control sobre la propiedad privada, particularmente aquellas vinculadas a opositores políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad.
Estas medidas han sido acompañadas de una dura represión contra cualquier disidencia, incluyendo la cancelación de más de 5,000 ONG y universidades privadas, muchas de las cuales también han visto sus bienes confiscados.
Este nuevo decreto es interpretado por analistas y defensores de derechos humanos como una herramienta más de control político y económico del régimen, que continúa consolidando su poder a costa de los derechos y libertades de los nicaragüenses.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue denunciando las acciones del régimen Ortega-Murillo, que ha llevado al país a un aislamiento cada vez mayor.
