El Salvador se encuentra en camino a aprobar una ley de energía nuclear que regulará la concesión de licencias para la instalación de centrales, una tecnología renovable pero polémica por los fatales accidentes nucleares que han llegado a salas del séptimo arte como el incidente de Chernobyl.
La titular del Ministerio de Economía (Minec), María Luisa Hayem, entregó la semana pasada el anteproyecto de la ley para regular “todas las actividades, instalación y prácticas relacionadas con el ciclo de vida del combustible nuclear para la generación de energía para su uso pacífico”.
Dicho anteproyecto plantea la creación de dos direcciones, una de regulación y otra de control y supervisión que estarán bajo la tutela de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), actualmente la máxima autoridad en el mercado energético.
La propuesta que se discutirá en la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, es un paso más en el plan que materializó el gobierno salvadoreño en marzo de 2024 cuando entregó los permisos al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En julio, se aprobó el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN), que recientemente firmó un acuerdo de cooperación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina para que dé acompañamiento científico y capacitación.
Según Daniel Álvarez, titular de la Dirección de Energía y el OIPED, la apuesta del gobierno salvadoreño es tener el primer reactor que se sumará a los siete en operaciones que tiene la región en Argentina (tres), Brasil (dos) y México (dos).
Vistazo a la propuesta
Aunque el documento establece que la DGEHM emitirá reglamentos especiales, la norma propone que el titular de la licencia será el “responsable de los daños nucleares que se produzcan” de conformidad a lo dispuesto en el artículo IV de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.
También contempla que en caso de un accidente nuclear el operador deberá notificar en un plazo no mayor a 25 horas debido a los protocolos establecidos en los instrumentos internacionales ratificados por El Salvador.
La DGEHM tendrá la facultad de otorgar las licencias a personas naturales y jurídicas para la selección de sitios de instalación de centrales, diseño, construcción, operación, transporte, gestión de residuos, exportación, importación o cualquier actividad relacionada con materiales, minerales y sustancias radiactivas.
Asimismo, la propuesta establece una tipificación para las infracciones. Una falta leve sería, por ejemplo, que no se suministre capacitación o información a los trabajadores, con una multa de $10,000 a $50,000.
En la lista de faltas muy graves se incluye la operación sin contar con licencias emitidas por la Dirección de Energía o incumplimientos del permiso, cuyas multas van de $150,000 a un 10 % del costo final de la instalación.
