El gobierno español dio un paso firme en su respaldo a los nicaragüenses que han sido víctimas de la represión política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este 4 de octubre el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció que el país ofrecerá la nacionalidad española a 135 opositores nicaragüenses que fueron desterrados y despojados de su ciudadanía por el régimen de Nicaragua en septiembre de este mismo año.
Este nuevo gesto humanitario por parte de España se suma al ofrecimiento que ya había hecho en febrero de 2023, cuando más de 300 nicaragüenses, incluidos escritores de renombre como Gioconda Belli y Sergio Ramírez, fueron también despojados de su nacionalidad en un claro acto de persecución política.
La expulsión sistemática y la desnacionalización como herramienta de represión
La decisión del régimen de Ortega de despojar a ciudadanos de su nacionalidad y expulsarlos del país ha sido una de las tácticas más duras implementadas en los últimos años para sofocar la oposición política.
Gracias España 🇪🇸 por su apoyo y solidaridad ante los abusos de la dictadura criminal de Nicaragua
España ofrece nacionalidad a 135 expresos políticos desnacionalizados y desterrados a Guatemala. Más de 120 nicaragüenses han obtenido la nacionalidad española hasta julio de 2024— Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) October 4, 2024
La primera ola de desnacionalización masiva tuvo lugar en febrero de 2023, cuando el régimen nicaragüense privó de su ciudadanía a 222 presos políticos, deportándolos a Estados Unidos.
Esta acción fue condenada enérgicamente por organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes señalaron que tales medidas son incompatibles con el derecho internacional y representan una violación flagrante de los derechos fundamentales de los individuos afectados.
Días después de ese acto, el régimen desnacionalizó a 94 ciudadanos más que ya se encontraban exiliados y además de confiscar sus bienes, anuló todos sus registros civiles.
En ese contexto, el Tribunal de Apelaciones de Managua ha seguido emitiendo sentencias similares.
El 5 de septiembre de 2024, 135 nuevos presos políticos fueron despojados de su nacionalidad bajo la acusación de haber cometido “hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Estos opositores, entre los que se encontraban artistas y activistas, fueron enviados inicialmente a Guatemala, en una operación mediada por Estados Unidos.
A su llegada, se encontraron en un limbo jurídico, sin patria ni protección, un claro ejemplo de la deshumanización que practica el régimen sandinista para castigar a sus críticos.
Entre los excarcelados y ahora apátridas se encuentran figuras destacadas como los artistas plásticos Kevin Laguna (Vink Art) y Oscar Danilo Parrilla (Torch Místico), quienes fueron detenidos en noviembre de 2023 por pintar un mural en honor a la Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Palacios.
Estas detenciones y la posterior expulsión de los artistas se interpretaron como un ejemplo más del creciente autoritarismo de la dictadura sandinista, que no tolera ninguna expresión artística o cultural que no esté alineada con su discurso oficial.
España como refugio para los despatriados
La rápida respuesta de España en aquel momento fue vista como una muestra de solidaridad con los exiliados, reconociendo el exilio forzoso y la desnacionalización como violaciones de los derechos humanos fundamentales.
Mi reconocimiento y gratitud al canciller español, José Manuel Albares @jmalbares, quien informó este viernes por la mañana en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que el Gobierno ofrecerá la nacionalidad española a los 135 nicaragüenses desterrados y…
— Sergio Ramírez (@sergioramirezm) October 4, 2024
El ministro Albares reiteró recientemente que España seguirá brindando apoyo no solo a los desterrados, sino también a sus familiares de primer grado que se encuentren en situaciones de precariedad.
Con ello subraya la comprensión por parte del gobierno español de las profundas implicaciones sociales y psicológicas que conlleva la desnacionalización y el exilio forzado.
Desnacionalización: Un crimen contra la humanidad
La práctica de privar a los ciudadanos de su nacionalidad ha sido denunciada por expertos internacionales como una violación grave de los derechos humanos.
De acuerdo con la Convención sobre la Reducción de los Casos de Apatridia de las Naciones Unidas, de 1961, los Estados no pueden despojar a una persona de su nacionalidad de forma arbitraria ni como represalia política.
La desnacionalización se considera un acto de persecución cuando es utilizada como castigo por expresar opiniones políticas o participar en actividades contrarias al gobierno.
Además, expertos de derechos humanos de la ONU han señalado que esta política de desnacionalización implementada por el régimen de Ortega podría constituir un crimen de lesa humanidad.
La creación deliberada de apátridas a través de la privación de la nacionalidad de miles de personas ha sido interpretada como una forma de represión sistemática y un intento de silenciar a la oposición, negándoles no solo sus derechos civiles, sino también su identidad y pertenencia a una nación.
En este sentido, organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado enérgicamente las acciones del régimen nicaragüense, instando a la comunidad internacional a actuar con urgencia para proteger a los apátridas y desterrados.
La CIDH ha documentado la expulsión de más de 450 personas en los últimos dos años, y advierte que esta cifra sigue en aumento a medida que el régimen Ortega-Murillo intensifica su represión, mediante la aprobación de leyes para legalizar la pérdida de nacionalización.
