La Junta Ejecutiva Provincial de la Iglesia Morava de Nicaragua ha solicitado a sus fieles mantener la calma y la fe tras la cancelación de su personería jurídica, decisión publicada en la Gaceta del Diario Oficial el pasado 29 de agosto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una carta dirigida a los pastores de las iglesias de la denominación Morava en el país, la Junta Provincial informó que se reunió con autoridades regionales para abordar la situación legal de la institución religiosa.
Durante el encuentro, según el comunicado, las autoridades transmitieron un mensaje de confianza, asegurando “que no existe intención de suspender las actividades religiosas ni de confiscar los bienes de la iglesia”.
La misiva exhorta a los miembros a continuar con las actividades religiosas “de manera normal sin ninguna prohibición”.
La cancelación de la personería jurídica de la Iglesia Morava se enmarca en una serie de medidas represivas adoptadas por el régimen de Ortega-Murillo desde 2018, que incluyen la eliminación de más de 5,500 organizaciones no gubernamentales, afectando a diversos sectores de la sociedad civil, incluidas las confesiones religiosas.
La represión contra las iglesias y sus líderes se ha intensificado, con numerosos casos de persecución, hostigamiento y exilio forzado de sacerdotes y pastores.
La Iglesia Morava, con presencia histórica en la Costa Caribe de Nicaragua desde 1849, se une a otras instituciones religiosas que han sido blanco de la ofensiva del régimen sandinista, acusado por organismos internacionales de derechos humanos de llevar a cabo una “persecución religiosa implacable” como parte de una estrategia más amplia de control social y político.
El comunicado de la Iglesia Morava finaliza con un llamado a la unidad y a la perseverancia en la fe cristiana, citando pasajes bíblicos que refuerzan la idea de permanecer firmes en la fe pese a las adversidades.
“Que nada nos separe del amor y la presencia de Dios”, concluye el texto.
La comunidad internacional ha condenado repetidamente las acciones del régimen de Ortega-Murillo contra la sociedad civil nicaragüense, considerando que las mismas violan los derechos fundamentales de asociación, libertad de expresión y religión.
