Los ciudadanos extranjeros naturalizados en Costa Rica que sean hallados culpables de delitos relacionados con el tráfico de drogas o el lavado de dinero podrían enfrentar la pérdida de su nacionalidad costarricense,
Esto, tras la aprobación en segundo debate de una reforma a la Ley de Opciones y Naturalizaciones.
Esta medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa este jueves y solo requiere la ratificación del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para entrar en vigor.
La reforma, impulsada por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) Rodrigo Arias y Danny Vargas, introduce modificaciones al artículo 18 de la citada ley, agregando dos párrafos que establecen las condiciones bajo las cuales se podría anular la naturalización de un ciudadano.
“Igual procedimiento se seguirá cuando se compruebe que un extranjero naturalizado tiene o ha tenido procesos penales por tráfico de droga o lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el extranjero”, señala uno de los nuevos párrafos.
Además, se establece que por razones de seguridad nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podrá ratificar la nulidad de la carta de naturalización sin que dicha decisión sea suspendida durante un eventual proceso judicial.
Contexto legal y antecedentes
El artículo 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones ya permitía al Registro Civil anular la naturalización de ciudadanos extranjeros en casos donde se comprobara que obtuvieron la nacionalidad de manera fraudulenta.
Además la perdían en casos que fueran condenados por ciertos delitos graves, incluidos aquellos relacionados con la agitación social, estafa, robo, incendio, falsificación de moneda y otros.
Con la nueva reforma, se amplía este marco para incluir delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.
“Con la aprobación del proyecto de ley que impide otorgar la nacionalidad a quienes son perseguidos por narcotráfico, nuestro país no servirá de santuario a quienes se dediquen a esas actividades criminales”, declaró el diputado Rodrigo Arias, uno de los impulsores de la reforma.
Violencia delictiva en Costa Rica
El debate sobre la reforma se produce en un contexto en el que Costa Rica ha experimentado un aumento en los índices de violencia delictiva, particularmente en 2023 y 2024, en gran parte atribuido a actividades relacionadas con el narcotráfico.
El país ha sido utilizado como punto de tránsito para el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa, lo que ha exacerbado la criminalidad y ha generado preocupación sobre la capacidad del Estado para controlar estas actividades ilícitas.
Esta misma semana, la Asamblea Legislativa también aprobó en primer debate una reforma constitucional que permitiría la extradición de costarricenses requeridos en el exterior por delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, marcando un endurecimiento de la postura legal del país frente a estos crímenes.
El congresista Arias dijo que las reformas reflejan un esfuerzo por fortalecer el marco legal y las herramientas disponibles para combatir el narcotráfico y otras actividades criminales que afectan la seguridad y la estabilidad de Costa Rica.
