La Conferencia Episcopal emitió un llamado urgente este lunes 22 de enero para evitar que Costa Rica se sumerja en un “baño de sangre”, ante la preocupante cifra histórica de 907 homicidios registrados el año pasado y los “atroces nuevos crímenes” en los primeros días de 2024.
En el comunicado, los representantes eclesiásticos resaltan que la situación es una emergencia que requiere una respuesta integral por parte del Estado.
“En particular, manifestamos nuestra cercanía con las comunidades que más sufren este flagelo, a saber, nuestras costas, tanto del Pacífico como del Caribe, así como de San José, nuestra ciudad capital, convertidas en escenarios casi cotidianos de balaceras y ‘ajustes de cuentas’”, dice el documento.
“Para nadie es un secreto que en nuestro país se libra desde hace años una guerra de bandas criminales por el control de territorios y mercados para las drogas, con un saldo de muerte que hunde a muchos de nuestros pueblos y sus habitantes, en su abrumadora mayoría personas buenas y sencillas, en el duelo y el temor”, señala la Conferencia Episcopal.
“Nos duele en el alma que muchos de nuestros jóvenes, fruto de la exclusión educativa, la pobreza y la falta de oportunidades, estén siendo captados por estos delincuentes, de cuyos actos detestables deberán dar cuentas a Dios”, proclaman.
Los obispos hacen un especial énfasis en la necesidad de asignar recursos materiales y humanos para frenar la ola de violencia homicida, comenzando con una presencia policial firme y permanente, especialmente en áreas con mayor actividad delictiva.
“Es una emergencia, y debe de ser una prioridad de todo el Estado en su conjunto, poner los recursos materiales y humanos necesarios para frenar esta oleada de violencia homicida en el país, comenzando por una presencia policial firme y permanente, con énfasis en los lugares y ambientes donde se sabe que hay más presencia y actividad delincuencial”, observan.
La Conferencia Episcopal insta a la discusión y aprobación inmediata de leyes que otorguen herramientas legales más eficaces a las autoridades, manteniendo un enfoque en la lucha contra la corrupción y asegurando recursos económicos adecuados.
“Es necesario que, cuanto antes, se discutan y se aprueben las leyes que permitan a las autoridades disponer de más y mejores herramientas legales para cumplir su trabajo, manteniendo la lucha contra la corrupción en sus funciones y contando con recursos económicos suficientes para hacerles frente. La lucha contra la impunidad es, a su vez, un deber ineludible de las autoridades judiciales, llamadas a aplicar la ley por igual, sin distinción de ningún tipo.
Se subraya además que la lucha contra la impunidad es un deber ineludible de las autoridades judiciales, quienes deben aplicar la ley de manera equitativa, sin distinciones.
En el documento, se destaca la importancia de intensificar los esfuerzos nacionales por la paz, comenzando en cada hogar, y se señalan causas estructurales, políticas, sociológicas e históricas que han contribuido a los niveles alarmantes de violencia en el país.
“Hablamos, por ejemplo, de la extrema polarización de nuestra sociedad, esa desigualdad que hunde a tantas familias en la miseria y el hambre, mientras otras pocas ven duplicarse y hasta triplicarse sus fortunas año con año”, cuestionan.
Los obispos denuncian la polarización extrema de la sociedad, que ha sumido a muchas familias en la pobreza mientras otras han visto aumentar sus fortunas de manera desproporcionada.
“Esta fractura social, muestra de un profundo desequilibrio, no solo económico, sino esencialmente moral, es señal de un grave desgaste de los principios de unidad y solidaridad que siglos atrás forjaron la identidad nacional”, critican.
La solidaridad de la Iglesia se expresa hacia las comunidades más afectadas por los homicidios, especialmente en Limón, Guanacaste, Puntarenas y San José, que han experimentado balaceras y ajustes de cuentas con frecuencia.
“Cada uno de los crímenes cometidos es una afrenta directa al Dios de la Vida, a la dignidad humana, a las leyes vigentes y a los más elementales principios de convivencia social. ¡No podemos dejar que Costa Rica se nos pierda en un baño de sangre!”, dicen.
Los obispos lamentan las pérdidas humanas y reconocen la persistencia de una guerra entre bandas criminales por el control de territorios y mercados de drogas, así como la captación de jóvenes debido a la exclusión educativa, la pobreza y la falta de oportunidades.
En un esfuerzo por abordar la situación, anunciaron que durante la Cuaresma, que inicia el 14 de febrero, se llevará a cabo en todas las parroquias del país una oración por la paz y el fin de la violencia homicida.
El obispo de Limón, Javier Román Arias, destacó la realidad innegable de la provincia caribeña, expresando que la solución no reside en enviar policías de manera esporádica, sino en mantener una presencia más constante en toda la provincia.
Alertó sobre el creciente temor entre los habitantes, marcando una situación que demanda acciones inmediatas y continuas para abordar los desafíos de seguridad.
