Amnistía Internacional (AI) dijo este martes que algunas políticas y prácticas del gobierno salvadoreño transgreden los derechos humanos y atentan contra los espacios cívicos, en el marco de un prolongado estado de excepción que logró reducir drásticamente los homicidios y la violencia en general, pero que también ha desatado críticas de parte de opositores y diferentes organismos.
En su más reciente informe, AI, una ONG global, advierte que la “violencia” ejercida por la administración del popular Nayib Bukele presenta una alarmante regresión y hasta “reemplaza gradualmente” a la ejercida por las pandillas.
Según el documento, presentado en San Salvador, el estado vulnera “los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura”.
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) December 5, 2023
“Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza”, dijo la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado.
“Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas”, agregó.
“Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador”, como se titula el informe, se basa en 83 entrevistas y un trabajo de investigación detallado, justificó Amnistía Internacional.
Desde finales de marzo de 2022, tras una impresionante escalada de violencia de los pandilleros, el gobierno, por medio de la Asamblea Legislativa, aprobó un régimen de excepción que aparta una serie de garantías ciudadanas, pero que ha permitido el arresto de casi 74,000 pandilleros.
Esto permitió una disminución de homicidios notable y el presidente Bukele, quien busca su reelección, celebró el domingo que el país cumplió 500 días sin asesinatos (desde que asumió el Ejecutivo el 1 de junio de 2019).
Hay denuncias de arbitrariedades en las detenciones, torturas y hasta muerte de prisioneros bajo custodia del Estado, lo que el gobierno ha desestimado.
