El presidente estadounidense, Joe Biden informó este jueves a la Cámara de Representantes y al Senado que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “sigue planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”
Por esa razón, el gobierno de Estados Unidos anunció la renovación, por quinto año consecutivo, del estatus de “amenaza para la seguridad nacional” de Nicaragua, una medida que fue inicialmente adoptada el 27 de noviembre de 2018 mediante la Orden Ejecutiva 13851, en virtud de la Ley de Poderes Económicos Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) (50 U.S.C. 1701 et seq.).
La decisión fue comunicada en un comunicado emitido por la Casa Blanca este jueves, 16 de noviembre, aunque el presidente Joseph Biden había tomado la decisión el pasado 7 de noviembre. La notificación se hizo pública a través del Registro Federal de los Estados Unidos y se transmitió al Congreso de ese país.
El presidente Biden justificó esta decisión, afirmando que “la continua desestabilización y el sistemático socavamiento de las instituciones democráticas y del estado de derecho por parte del régimen Ortega-Murillo, su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, junto con la corrupción que socava la economía de Nicaragua, siguen planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Desde 2018, este estatus se ha extendido en cinco ocasiones, coincidiendo con el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, en la cual el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprimió a sus opositores, con un saldo funesto de 355 muertes, más de 2,000 heridos y cientos de miles de exiliados.
Además, el 24 de octubre de 2022, la Orden Ejecutiva 14088 impuso restricciones adicionales a la inversión de Estados Unidos en Nicaragua, tanto estatal como privada. Sin embargo, estas restricciones están sujetas a la decisión de la Secretaría del Tesoro y a la consulta con el secretario de Estado y el secretario del Comercio.
