En un giro dramático y revelador de la situación política en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, bajo la influencia de Rosario Murillo, ha desatado una purga implacable en el Poder Judicial, que no ha perdonado a nadie: desde altos magistrados hasta vigilantes y voceros, incluyendo a funcionarios menores como Camilo Daniel Ortega Herrera, hijo primogénito de Ortega.
Esta barrida, iniciada el pasado 24 de octubre, ha afectado aproximadamente al 10% de los trabajadores del poder judicial, según el especialista en administración de justicia, Yader Morazán.
Entre los afectados por estos despidos masivos, se encuentran cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrados de apelaciones, jueces de todo el país, y varios directores de oficinas.
La decisión ha sorprendido a muchos, especialmente por incluir a Ortega Herrera, director de la División de Informática Registral, quien hasta hace poco estaba bajo la jurisdicción del poder judicial en un cargo discreto.
La historia de Ortega Herrera es particularmente intrigante y trágica. Es hijo de Daniel Ortega y Leticia Herrera, una comandante guerrillera, con quien Ortega mantuvo una relación mientras ambos eran guerrilleros urbanos entre 1976 y 1978.
Luego Ortega se juntó a Rosario Murillo, con quien desde entonces vive como esposa, al casarse por la vía civil en 2005 de cara a las elecciones nacionales de 2006 en Nicaragua, cuando Ortega ganó con el 38 por ciento de los votos.
La relación entre Ortega y Herrera se produjo cuando él llegó a Managua desde Cuba, y ella se convirtió en su guía. Herrera quedó embarazada y dio a luz a Camilo Daniel el 15 de junio de 1978, nombrándolo en honor a su tío y padre.
A pesar de ser reconocido por Ortega, Camilo Daniel ha vivido mayormente alejado, con su presencia siendo una fuente de malestar para Murillo, la actual pareja de Ortega desde 1978. Según reportajes, Camilo Daniel, quien nació con problemas de vista, recibía un trato desfavorable en la casa de Ortega, comparado con los hijos de los empleados.
La purga en el poder judicial, ejecutada “manu militari” y calificada como la “guillotina sandinista”, es vista por muchos como una muestra más de la opresión y el control autoritario ejercido por la dictadura de Ortega, que no duda en sacrificar incluso a miembros de su propia familia en su intento de mantener un férreo control sobre el país, bajo un régimen
